La prefecta de Guayas y presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Marcela Aguiñaga, se pronunció en redes sociales sobre las denuncias que se tramitan en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por una presunta infracción electoral grave, que supuestamente habría cometido en las elecciones de febrero de 2023 al promocionar la candidatura de Alembert Vera al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
A través de un mensaje publicado la mañana del miércoles 5 de julio, Aguiñaga anunció que responderá en derecho a las acusaciones y ratificó que no se ha cometido ninguna infracción.
“Quieren la Prefectura del Guayas, aquí está. No me pertenece a mí, le pertenece a los guayasenses. A través del Tribunal Contencioso Electoral, se pretende arranchar un cargo que le pertenece a la gente. Nosotros responderemos como corresponde, en derecho, y ratificaremos que no hemos violentado ningún proceso. Quieren el cargo, ¡gánenlo! Aprendan a perder y no jueguen con la indignación popular”, escribió la prefecta en su cuenta de Twitter.
Las denuncias fueron interpuestas por Juan Esteban Guarderas, vocal suplente del CPCCS, y Bernardo Jijón. Los dos son miembros de la Fundación de Lucha Anticorrupción (FLAC) e interpusieron recursos, cada uno, en contra de Aguiñaga, pero también hacia Alembert Vera, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los acusan de incurrir en actos de proselitismo político y violar una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe que los candidatos al CPCCS sean promocionados por organizaciones políticas o por candidatos a otras dignidades.
Guarderas y Jijón señalan que las supuestas faltas se evidencian en los spots publicitarios de la campaña electoral de los comicios de febrero.
Las causas fueron unificadas en un solo proceso por el juez electoral Guillermo Ortega, a través de un auto emitido el martes 4 de julio.
Las denuncias se sustentan en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia, el cual establece que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Por ello, los denunciantes sostienen que si el TCE les da la razón Marcela Aguiñaga y Alembert Vera deberá ser destituidos de los cargos que ostentan.
Alembert Vera ha rechazado las acusaciones y, al igual que la prefecta del Guayas, ratifica que no se cometió ninguna violación porque los spots fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral.
Fuente: El Universo