Como una “victoria del magisterio” calificó la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, a la decisión de la Corte Constitucional (CC) de rechazar la objeción total que hizo el presidente Guillermo Lasso a los cambios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que fueron aprobados por la Asamblea Nacional. El dictamen se dio a conocer pasadas las 22:00 del 20 de mayo.
Por ello, este 21 de mayo, los maestros que se hallaban en huelga de hambre desde el 3 de este mes tanto en Quito como en Guayaquil levantaron la medida de hecho; durante estos 19 días, además, realizaron cierres de vías y crucifixiones y desangramientos simbólicos.
En un comunicado, la Corte informó que, por un lado, los textos objetados en el veto presidencial eliminaban las disposiciones que otorgaban beneficios de jubilación a los maestros; y, por otro, modificaban las disposiciones sobre mejoras salariales a los maestros, reduciéndolas aproximadamente en un 75 %, para equiparar sus remuneraciones con la generalidad de funcionarios públicos.
Sobre el primer grupo de textos, la CC verificó que la Presidencia de la República no había formulado argumentos sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones.
Del segundo, el organismo constató que, antes de su aprobación y de manera razonablemente aceptable, se realizó un análisis de factibilidad financiera que evaluó su impacto en las finanzas públicas e identificó las fuentes para su financiamiento, sin que la Corte –por su naturaleza– deba comprobar la corrección técnica de las previsiones efectuadas por la Asamblea.
En ese sentido, la Corte anotó que, en el veto, el presidente no aportó las razones que desvirtúan las previsiones, pese a que le correspondían al Ejecutivo demostrar la inconstitucionalidad de lo que fue aprobado por la Asamblea. Que el mandatario centró su argumentación en que el Ministerio de Finanzas emitió un informe desfavorable que transgrede la armonía entre la sostenibilidad fiscal y la progresividad del derecho a la educación, con el que se vincula la equidad remunerativa de los maestros.
La CC resolvió enviar el proyecto a la Asamblea para que complete su trámite.
En tanto, en un boletín emitido este 21 de mayo, el Parlamento indicó que el artículo 139 de la Constitución determina que “si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su publicación” y con ellos las reformas tendrán plena vigencia en beneficio de los maestros.
Vargas señaló que el ajuste salarial para los maestros entrará en vigor en 180 días, según lo que determina la ley; es decir, ya se aplicará en el próximo ejercicio fiscal. Según los informes que se debatieron en la Asamblea, el impacto fiscal será de unos $ 500 millones.
Y que seguirán vigilando que el régimen atienda al sector de la educación en lo que respecta al presupuesto que establece la Constitución.
Fuente: El Universo