Los impactos de la Base de Manta en la seguridad y la observación del criterio de racionalidad, fueron los aspectos expuestos por los invitados en el marco del tratamiento del informe de segundo debate del proyecto de reforma al artículo 5 de la Constitución, tema que analiza la comisión ocasional conformada para analizar la iniciativa referente a la instalación de bases militares en territorio ecuatoriano.
Juan Pablo Jaramillo, experto en política comparada, explicó el impacto de la base de Manta en temas de seguridad entre 1999 y 2009. En ese tiempo hubo un crecimiento de la tasa de homicidios, lo que disminuye luego de 2009, pero a partir del 2021 hay un crecimiento exponencial de la tasa de homicidios.
En este contexto, concluyó que, la hipótesis de la “Pax Narca” no tiene sustento empírico. Es un relato político y pseudociencia que no tiene aval académico. Por lo que, no existe tal subestimación de homicidios postsalida de la Base de Manta.
Además que, esta base no ayudó a reducir los homicidios en el periodo de tiempo que operó en Ecuador, entre 1999 y 2009; y, el aumento de la violencia a partir de 2021 se explica por el aumento en la siembra de coca en Colombia y las facilidades que Ecuador da para exportar cocaína.
Tras la exposición, las legisladoras Nataly Morillo, Gissela Garzón y Rafael Dávila efectuaron consultas para ampliar la información expuesta sobre el tema seguridad. Dávila precisó que el espíritu de la reforma constitucional es, únicamente, eliminar la prohibición de instalar bases militares en el futuro, en caso de ser pertinente.
Criterio de racionalidad legislativa
La mesa ocasional también recibió el criterio del experto constitucionalista, Stalin Raza, quien recordó que el camino para la reforma al artículo 5 de la Constitución “está zanjado”, por el dictamen de la Corte Constitucional. Sin embargo, la misma Corte recuerda que el Legislativo debe analizar la conveniencia o no de eliminar la prohibición de instalación de bases militares.
El constitucionalista precisó que la conveniencia obedecerá a criterios de racionalidad de tipo legislativo.
Añadió que es oportuno recordar por qué se instituyó la prohibición que consta en el artículo 5 de la Constitución, en ese entonces luego del caso Angostura; así como, la filosofía y valores que inspiró la Constitución de Montecristi, que es un territorio de paz.
Por último, sugirió que se debe sopesar cuáles de las condiciones son más convenientes para el país, considerando la actual geopolítica del mundo. “Para una cooperación internacional no necesariamente se debe utilizar un territorio”, concluyó.
En parte, el criterio del constitucionalista fue compartido por el legislador Jorge Peñafiel, sin embargo precisó que es necesario tomar una decisión frente a la realidad actual, a fin de que la ciudadanía en lo posterior intervenga en este tema.
Fuente: Asamblea Nacional
