El otorgamiento de medidas cautelares a favor de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, puso en apuros a las bancadas legislativas Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC), que tuvieron que acelerar la redacción de la denuncia contra la titular de la legislatura para desactivar la acción judicial.
Los jueces Julio César Obando, Olga Ruiz y Mabel Taipe del Tribunal Penal de Pichincha admitieron la petición de medidas cautelares presentada por Llori, y dispusieron que el pleno de la Asamblea Nacional se abstenga de conocer, debatir y resolver el pedido del proyecto de resolución para la creación de la comisión ad hoc pluripartidista para investigar las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Guadalupe Llori.
Esta acción judicial fue emitida 30 minutos antes de la instalación de la sesión 771, por lo que el legislador de la bancada de UNES, Fausto Jarrín, se abstuvo de incluir el cambio del orden del día el proyecto de resolución para la creación de la comisión.
Jarrín, en su intervención, comentó que se instaló el pleno con una grosera intromisión de la Función Judicial en las capacidades del legislativo: En un proceso espurio, en donde la representante de la Asamblea se demanda a sí misma, utilizando funcionarios de la Asamblea para demandar medidas cautelares en contra del pleno, que tiene derecho de exigir que el CAL sea evaluado, aprovechándose de un dictamen oscuro de la Procuraduría General del Estado con el que se pretende que los asambleístas no puedan ejercer lo que en derecho les corresponde.
Se abstuvo de presentar la solicitud de cambio del orden del día porque dijo que no violará la norma constitucional y porque no pedirá a los asambleístas que violen una medida cautelar.
Tras el desistimiento del cambio en el orden del día, el pleno continuó con la agenda que incluyó el debate sobre el informe no vinculante de la Comisión de Justicia respecto al veto parcial al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.
Fueron diversas las reacciones que hubo tras la decisión judicial que otorgó medidas cautelares a la presidenta de la Asamblea. Para el sector de UNES, PSC y el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, fue un desatino e intromisión en las atribuciones legislativas del Parlamento.
Saquicela sostuvo que jurídicamente las medidas cautelares deben ser acatadas por la Asamblea y únicamente mediante impugnación pueden echarse abajo, pero que la acción judicial constituye una intromisión de la administración de justicia en el poder legislativo.
Indicó que es el pleno de la Asamblea el que debería pronunciarse respecto a la posible intromisión de la justicia en el poder legislativo.
Destacó que la acción de medidas cautelares es anómala porque quien la presenta es la presidenta de la Asamblea en contra del pleno del Parlamento que ella misma preside.
Los bloques PSC, UNES y el grupo de disidentes de Pachakutik se reunieron en el despacho del legislador Darwin Pereira, expulsado de Pachakutik, para delinear una respuesta institucional frente a las medidas cautelares.
El representante del PSC, Esteban Torres, manifestó que sin lugar a dudas insistirán en que haya una comisión de evaluación, y que con las medidas cautelares lo que hizo la presidenta del Parlamento es comprar un poco de tiempo, pero no cambiar la realidad en el interior del pleno.
Las medidas cautelares dejarán de tener vigencia cuando se cumplan ciertos presupuestos, por lo que se analiza la presentación de las respectivas denuncias y además no puede quedar en entredicho que sea la propia presidenta de la Asamblea Nacional la que busque la injerencia de otra función en el legislativo.
“La Comisión de Evaluación va porque va, si no es hoy va a ser mañana”, sostuvo Torres, quien reveló que están evaluando las pruebas.
Comentó que Llori cometió una serie de incumplimientos, empezando por utilizar bienes de la Asamblea en uso propio al disponer que un funcionario de la Asamblea (Santiago Salazar Armijos, procurador judicial de la Asamblea) firme la demanda o el pedido de medidas cautelares como si fuera abogado particular.
La representante de la bancada UNES, Paola Cabezas, manifestó que se analizan las acciones correspondientes para “bajarse” esas medidas cautelares, pues aseguró que es una intromisión grosera y grotesca en la primera función del Estado y que lo más triste es que Guadalupe Llori desconoce el malestar que tiene dentro del pleno de las fuerzas políticas.
Insistió en que Llori incumplió el procedimiento parlamentario “las veces que le ha dado la gana” y que es evidente que ella sigue siendo un alfil importante del Gobierno.
Fuente. El Universo