La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, el informe no vinculante de la proforma del presupuesto general del Estado 2023 y la programación presupuestaria cuatrianual 2023 – 2026, con algunas observaciones.
La proforma presupuestaria de 2023 es 11% menor a la de 2022, con monto que asciende a $31.503 millones, cuyo presupuesto fue elaborado con base en un barril de petróleo de $64,8 y una producción anual de 187,9 millones de barriles.
El asambleísta Johnny Terán Barragán (PSC), presentó la moción de aprobación del informe con algunas observaciones presentadas por todos los sectores políticos. La moción recibió el voto unánime de los nueve legisladores integrantes de la mesa y pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea para su aprobación en un solo debate.
Entre las recomendaciones que formularon los asambleístas se destaca que en el presupuesto codificado de 2023 se deberá realizar los ajustes que correspondan al precio del barril de petróleo para reflejar aquel efectivamente recibido por el país de tal manera que no exista afectación a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades con pre-asignaciones.
También recomendaron que se sustente las bases de cálculo de los valores en la proforma 2023, de tal manera que se evidencie el cumplimiento de la transitoria constitucional vigésimo segunda.
Además se tendrá que asignar los recursos para que las universidades puedan cubrir las disminuciones en su plan anual de inversiones respecto a la proforma codificada en agosto de 2022. La redistribución deberá priorizar a las universidades que mantienen una reducción del presupuesto para el año 2023 con respecto al codificado de agosto de 2022.
En la proforma codificada 2023, se tiene que revertir para la Policía Nacional la disminución de $5,95 millones identificada al comparar la proforma 2023 con el valor codificado a agosto de 2022.
Igualmente, se recomienda revertir la disminución del 22,84% en el rubro de obras públicas, reducción que en términos nominales es de $118,04 millones cuando se compara la proforma 2023 con el codificado de agosto de 2022, con el fin de dar cumplimiento a la resolución del 1 de noviembre de 2022 de la Asamblea Nacional y a la resolución Nro. 001 – 2021 del viceministerio de Servicios de Transporte y Obras Públicas.
Conclusiones
Del análisis desarrollado por la mesa legislativa se concluye que la proforma 2023, parte de supuestos macroeconómicos que contienen incongruencias entre lo expuesto en el justificativo de la proforma y su anexo de riesgos fiscales, pues para el indicador de crecimiento económico se sobrestima el parámetro al situarlo en 3,1% cuando las estimaciones referenciadas por el mismo Ministerio de Finanzas datan de estimaciones que en promedio se acercan al 2,6%.
Por otra parte, para el caso del precio del petróleo se tiene una valoración por fuera de las estimaciones de las agencias internacionales y privadas que el mismo Ministerio de Finanzas y la comisión determinó que el valor promedio de dichas estimaciones es de $90,77 por barril para el marcador WTI, cuando el valor que se incluye en la proforma de 2023 se fija en $64,84 para el marcador ecuatoriano.
La legisladora oficialista, Blanca Sacancela, comentó que esta observación hecha sobre el precio del barril de petróleo proyectado para el 2023, es recogida y respetada, pero comentó que la política económica del Gobierno siempre ha sido el manejo responsable de los recursos, y en ese sentido, no se puede generar una proforma con un valor demasiado optimista, considerando que el precio del petróleo es volátil.
Sacancela destacó que la recaudación tributaria de 2023 es un componente importante dentro de la proforma tras la aplicación de la ley de Desarrollo Económico, y eso permitirá incrementar los rubros para la inversión en el área social y en el eje de seguridad donde aseguró que hay un evidente incremento de $185 millones.
Respecto al resultado global, la proforma exhibe un déficit fiscal de $ 2.629,92 millones lo que representa el 2.1% del PIB. Así mismo, se evidencia un déficit en el balance entre ingresos y gastos permanentes de $1.460,59 millones, cabe aclarar que esto no constituye un incumplimiento de la regla fiscal dado a que por excepción gastos permanentes en educación, salud y justicia pueden ser cubiertos con ingresos no permanentes en concordancia con el Decreto Ejecutivo 170.
Las preasignaciones constitucionales y legales para el caso de la educación inicial, básica y bachillerato, así como, para el sistema de salud pública no reportan los saldos finales, y por ello, existió dificultad para verificar el estricto cumplimiento de las respectivas asignaciones, es otra de las observaciones que formuló la Comisión.
El gasto social comprendido por los sectoriales de educación, salud, bienestar social, trabajo y desarrollo urbano y vivienda ascienden a un total de $11.011,89 millones lo cual refleja un incremento de $1,084.50 millones frente al codificado de agosto del 2022, un incremento relativo del 10,92%.
En el análisis, los legisladores advierten de que existe una disminución del 22.84% en el rubro de obras públicas, la reducción en términos nominales es de $118,04 millones, con lo que el rubro total de obras públicas asciende a $398,81 millones.
Igualmente, se destaca que el Plan Anual de Inversiones tiene una reducción de $ 147 millones, con lo cual la asignación total para proyectos de inversión suma $ 1.871,47 millones, en términos relativos la disminución cifra en 7,32%, en relación al codificado de agosto de 2022.
Los legisladores determinaron que existe un aumento a la asignación en la educación superior de $17,93 millones, con lo cual la asignación total asciende a $1.306 millones. No obstante, existen instituciones que reducen su asignación frente al codificado de agosto del 2022, también existe una reducción de $128,26 millones en el Plan Anual de Inversiones de las universidades y escuelas politécnicas, situación ajena a la Secretaría de Planificación. Las autoridades del MEF han resaltado que estas diferencias se deben parcialmente a los saldos comprometidos no devengados que deberán ser incluidos durante la ejecución 2023.
También consideran que el Gobierno nacional debe reconocer en la proforma de 2023, la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados amazónicos provinciales, municipales y parroquiales quienes son beneficiarios de la asignación correspondiente al Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico. (I)
