Legislatura mantiene su firme posición de combate contra la corrupción y la impunidad

La lucha contra la corrupción se estableció como uno de los ejes centrales de la Agenda Legislativa Priorizada de la Asamblea Nacional. Las bancadas coincidieron en la necesidad urgente de dictar normas específicas que contribuyan a fortalecer el combate contra este flagelo, que pone en riesgo el desarrollo del país y la credibilidad de la población en la gestión de las instituciones democráticas.

Como una primera muestra de esta suma de voluntades, el 14 de agosto de 2018, el Pleno -por unanimidad de los 107 asambleístas presentes- aprobó la Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción, que fue vetada totalmente por el Presidente de la República, quien, a la par presentó la denominada Ley Orgánica Anticorrupción y de Protección del Denunciante, que pasó el primer debate el 15 de enero de 2019.

Otra importante propuesta es la Ley para la Recuperación de Capitales, de autoría de la presidenta Elizabeth Cabezas Guerrero, que habilita mecanismos de participación ciudadana y la activación de equipos especializados para los procesos de búsqueda, localización y repatriación de recursos y capitales mal habidos.

Con esta normativa, que ha sido puesta a consideración de la comunidad regional y mundial, se estima recuperar gran parte de lo 35.000 millones de dólares que se han desviado del Ecuador en actividades ilícitas, recursos que servirían para la ejecución de obras sociales y el progreso nacional. El documento se tramitó en primer debate el 23 de enero de 2019.

Autodepuración, rendición de cuentas

El ejemplo empieza en casa. Frente a denuncias de irregularidades, el Pleno, luego del debido proceso y sobre la base de los informes presentados por las respectivas comisiones multipartidistas, destituyó de sus cargos a Norma Vallejo, Sofía Espín y Ana Galarza.

El Parlamento, en el ámbito de transparencia, ha realizado constantes rendiciones de cuentas a la ciudadanía. Convocó, además, a las autoridades de control, de justicia y electoral para que presenten sus informes de gestión, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Convenios interinstitucionales

La presidenta Elizabeth Cabezas Guerrero suscribió con la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) un convenio para ejecutar acciones sobre cobros indebidos, cuyos avances están en constante revisión. También, con la Procuraduría, firmó un convenio para generar mecanismos legales que contribuyan en la lucha contra la corrupción en el sector público.

Control político y juicios

Como resultado del ejercicio de la facultad fiscalizadora, Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación y Diego García, exprocurador, fueron censurados; mientras Carlos Baca, fiscal General del Estado, fue destituido, luego de los respectivos juicios políticos. En el caso de Carlos de la Torre, exministro de Economía, no hubo votos suficientes para su censura.

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