Lasso presentó objeciones a la reforma a la Ley de Emprendimiento

La reforma a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la implementación efectiva del emprendimiento juvenil, aprobada por 132 asambleístas el 10 de agosto pasado, recibió cuatro objeciones del presidente Guillermo Lasso.

El documento llegó a la Asamblea este jueves 9 de septiembre de 2021, y esta Función tendrá 30 días de plazo para ratificarse en el proyecto inicial o allanarse a las observaciones del Ejecutivo. La Comisión de Desarrollo Económico se encargará de preparar un informe.

El Mandatario objetó tres de los cuatro artículos que componen la reforma, entre ellos el primero, que tiene que ver con la creación de una Bolsa de Empleo para los proyectos de emprendimientos o planes de negocios presentados por los recientes profesionales como trabajos de titulación.

“A pesar de que la iniciativa es buena, no contempla que es necesaria la intervención del ente rector de la educación en general, ya que involucra a personas que no son profesionales y que no se encuentran bajo las regulaciones de la Senescyt”, refiere.

Por eso, sugiere a la Asamblea que el Ministerio de Educación sea incluido en el Comité de Calificación y Acompañamiento para este mecanismo, además de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la objeción al artículo 3 de la reforma propone sustituir el contenido del segundo y tercer inciso para que el registro de las plataformas de fondos colaborativos de categoría de inversión en acciones o de préstamo sea público y esté bajo el control de la Superintendencia de Compañías, que emitirá la normativa correspondiente.

El Ejecutivo no está de acuerdo con que en este tema intervenga la Junta de Política y Regulación Financiera.

Además, plantea eliminar el artículo 4 de la reforma, pues señala que esta disposición “confunde a las plataformas de fondos colaborativos con actividades de intermediación financiera”.

La última objeción se da a la disposición general segunda del proyecto, de tal forma que el financiamiento para la aplicación de esta ley se lo haga con cargo al presupuesto asignado a cada institución competente.

Argumentó que el texto propuesto por la Asamblea para que esto se aplique “con cargo al Presupuesto General del Estado de cada institución competente” contiene una redacción “técnicamente improcedente, dado que “el Presupuesto del Estado, como su nombre lo indica, pertenece a la globalidad de la administración pública”.

 

Fuente: El Comercio

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