Organizaciones de la sociedad civil de Guatemala lanzaron convocatorias para defender a la democracia y denunciar las maniobras que intentan impedir la participación del candidato izquierdista Bernardo Arévalo en la segunda vuelta electoral, que se realizará el 20 de agosto.
El jueves por la tarde, miles de personas protestaron frente al Ministerio Público (MP) para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, promotor de la suspensión del partido de Arévalo, Movimiento Semilla.
“Guatemala florecerá”, fue una de las principales consignas de una movilización en la que los manifestantes también acusaron de “golpistas” a los funcionarios judiciales por tomar decisiones que solo son competencia de las autoridades electorales.
“Ministerio Público, fuera de las urnas”, “Acostumbrados a violar la democracia, ya no más”, “Rechazamos las acciones ilegales y arbitrarias del MP”, “Si atentan contra la democracia, el pueblo responde”, fueron algunos de los lemas plasmados en las pancartas.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevó a cabo el pasado 25 de junio, culminó con un resultado inesperado, ya que Arévalo, quien ni siquiera aparecía como favorito en las encuestas previas, alcanzó el segundo lugar y pasó al balotaje contra Sandra Torres, la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Gracias a este resultado, Arévalo dejó fuera a Manuel Conde, el candidato del partido del presidente Alejandro Giammattei, quien quedó en el tercer lugar con el 7,83 % de los votos.
Caos
Desde entonces, la incertidumbre ha cubierto al proceso electoral, ya que incluso, por petición de Conde, hubo un nuevo conteo de votos que retrasó dos semanas la oficialización de los resultados.
En ese lapso, comenzaron a surgir denuncias contra el Movimiento Semilla, lo que se interpretó como parte de una “campaña sucia”.
El miércoles, el juez Fredy Orellana anunció la suspensión de este partido por los presuntos delitos de falsificación de firmas y lavado de dinero, lo que implicaba la inhabilitación electoral de Arévalo, pero un rato más tarde el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó su participación en la segunda vuelta.
Al día siguiente, la tensión escaló y provocó una de las crisis políticas más graves de los últimos años en el país centroamericano.
En un frenético ida y vuelta de declaraciones y fallos judiciales, el fiscal y el TSE confirmaron sus decisiones, que son contradictorias, ya que, si se hiciera efectiva la suspensión de Movimiento Semilla, Arévalo no podría participar en el balotaje. Y su lugar sería ocupado por el candidato de Giammattei.
Todo era incertidumbre, hasta que, ya en la tarde, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, le otorgó al partido de izquierda un amparo provisional que deja en suspenso la inhabilitación. A ello se sumó la presión nacional e internacional, ya que hubo una condena unánime hacia la indebida judicialización del proceso electoral.
Aunque por ahora está confirmada la candidatura de Arévalo, la desconfianza social sigue latente, sobre todo porque el presidente no ha hecho ninguna declaración a favor de la democracia, o para respaldar al TSE y garantizar la transparencia de la segunda vuelta.
Por eso, el movimiento Justicia Ya promovió una serie de manifestaciones diarias. Luego de la movilización del jueves, este viernes habrá más protestas en el Obelisco y en el Ministerio Público.
Mañana, las marchas serán en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras; la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, mientras que el domingo se reunirán nuevamente frente al Ministerio Público.
Demandas
La crisis también ha derivado en una serie de acusaciones judiciales mientras Arévalo y Torres inician sus campañas rumbo a la segunda vuelta.
El Movimiento Semilla demandó penalmente al fiscal Rafael Curruchiche, por solicitar la suspensión contra el partido opositor; y al juez Fredy Orellana, por aceptarla.
A ambos los acusan de delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias de la constitución y prevaricato.
La agrupación Acción Ciudadana, por su parte, anunció que interpondrá una querella ante la Corte Suprema de Justicia contra Curruchiche, Orellana y la fiscal general, María Consuelo Porras, ya que considera que los tres organizaron una persecución judicial contra Arévalo con el fin de excluirlo de las elecciones, lo que pone en riesgo al sistema democrático.
El escándalo rodea a los funcionarios judiciales, ya que Curruchiche asumió en la Fiscalía Especial contra la Impunidad en agosto de 2021, en lugar de Juan Francisco Sandoval, quien llevaba a cabo varias investigaciones que comprometían al presidente Giammattei.
Poco tiempo después, el nuevo fiscal cerró todas las causas que afectaban al mandatario. Además, tramitó la detención del periodista José Rubén Zamora, lo que provocó un escándalo internacional.
El año pasado, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó al fiscal en su listado de funcionarios centroamericanos vinculados con la corrupción.
En el proceso contra Zamora también intervino Orellana, el juez que ordenó la captura del periodista y encabezó un proceso cuya legalidad ha sido cuestionada, y que culminó con una condena a seis años de prisión.
Fuente: actualidad.rt.com