La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado que depende del Poder Ejecutivo, abrió esta mañana la instancia de alegatos en el caso Vialidad con una clara señal de que no avanzará contra Cristina Kirchner: dijo que en 2017 la UIF debió haberse bajado de este caso, donde cumple el rol de acusadora, y que no se probaron ni el supuesto fraude ni la asociación ilícita, los delitos que se le imputan a la vicepresidenta.
La UIF cuestionó el trabajo de los peritos que analizaron los precios de las obras. “No contamos en este debate con conclusiones lógicas de un cuerpo de peritos”, dijo Leandro Ventura, uno de los dos abogados que representa en esta audiencia al organismo, que afirmó que tanto los peritos oficiales como los de la fiscalía -que impulsa el avance del caso- “se basaron en una metodología desaconsejada” por la bibliografía en la materia y no pudieron despejar las “dudas”.
Cristina Kirchner sigue el caso conectada vía Zoom desde su despacho del Senado.
El abogado de la UIF no anunció formalmente que el organismo vaya a desistir de acusar -es más, dijo que iba a analizar cada acusación y sus supuestas pruebas-, pero lo que sostuvo hasta ahora no deja muchas dudas. Al menos, respecto de la vicepresidenta.
Diferente es el caso de los funcionarios provinciales. La UIF todavía no precisó si pedirá penas para alguno, pero sí dijo que hubo incumplimientos en la obligación de control de parte de funcionarios provinciales de Santa Cruz.
Sobreprecios
“Un acusador publico o privado debe derribar el principio de inocencia con prueba que demuestre la responsabilidad de los acusados. No se cuenta en este debate con la certeza necesaria para sostener que hubo sobreprecios en las obras”, afirmó respecto de los precios de las construcciones bajo investigación, un eje central de la acusación.
Agregó que “las dudas que se tenían” cuando el caso fue elevado a juicio “no fueron acreditadas en el debate”. Y sostuvo que “la UIF debe ser objetiva en su rol”.
Cristina Kirchner fue una de las últimas en conectarse esta mañana. Sola, en la cabecera de la mesa de reuniones de su despacho del Senado y con una taza blanca en una mano. Ella está acusada de haber sido la jefa de una supuesta asociación ilícita mediante la cual Lázaro Báez expandió su imperio de empresas y propiedades. La acusación sostiene que la empresa de Báez, Austral Construcciones, nació sin capacidad y pasó a facturar millones en muy poco tiempo gracias a un esquema de favores y sobreprecios diseñado desde el Poder Ejecutivo Nacional, con la participación de ministros nacionales y provinciales.
En principio, los delitos que se le imputan son asociación ilícita y fraude.
Está previsto que la UIF se tomara tres días para alegar, pero cuando la audiencia llevaba una hora y media había quedado claro ya que difícilmente necesite más que la jornada de hoy.
Después de que Ventura sostuviera que no se probaron los principales delitos imputados, el otro representante de la UIF, Alejandro Irachet, sentado a su lado, comenzó su análisis sobre posibles incumplimientos de control de los funcionarios nacionales y provinciales del área de Vialidad. Hasta ahora, la UIF parece apuntar solo contra los funcionarios provinciales; no, por ejemplo, contra Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad.
Después de la UIF será el turno de alegar del fiscal Diego Luciani, que todo indica que pedirá penas de prisión. Con las señales que está dando la UIF en esta primera audiencia, es probable que Luciani sea el único que acuse y pida una pena para Cristina Kirchner en este juicio. La Oficina Anticorrupción, otro organismo que depende del Poder Ejecutivo, también era querellante, pero renunció y desistió de alegar.
Fuente: lanacion.com.ar