La situación del Hospital de Niños Francisco Icaza Bustamante fue analizada por la Comisión de Justicia

Franklin Encalada, ministro de Salud; y, Mauricio Torres, contralor general del Estado, comparecieron ante la Comisión de Justicia, con el fin de revisar el trabajo de estas instituciones ante las denuncias sobre irregularidades en la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles, en el Hospital de Niños Francisco Icaza Bustamante.

La asambleísta Sofía Espín, quien solicitó la investigación de este caso, advirtió que existen presunciones de peculado en estas adquisiciones que ameritan la intervención de las autoridades competentes. Denunció que el mismo personal que antes laboró en el Hospital Los Ceibos ha participado en los procesos hoy cuestionados.

Al respecto, Mauricio Torres, contralor del Estado, explicó las acciones emprendidas en el marco del examen al proceso precontractual, contractual y ejecución de contratos suscritos en la administración del hospital y la revisión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que participaron en estos procesos.

Informó que, dentro del plan de control 2024 ya estaba previsto el examen especial a la fase preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, uso y destino de los bienes y servicios contratados, así como los convenios de pago, correspondientes al período 1 de junio de 2019 y 30 de abril de 2024.

Recordó que el 3 de junio de 2023 se emitió la orden de trabajo que incluye la adquisición de productos perecibles y no perececibles del servicio de alimentación en el período 2022 y 2023, pero que no puede adelantar criterios sobre las acciones y hallazgos, porque están en la fase de investigación, a la vez que aseveró que según la normativa legal tienen 180 días de plazo para presentar el informe.

Así mismo, dio a conocer que la última acción de control correspondió al examen especial a los procesos para la adquisición de bienes, servicios y equipos médicos, convenios de pago en el período 2017 – 2021, cuyo informe está debidamente aprobado.

También informó que revisan la información que consta en las declaraciones patrimoniales de 26 funcionarios y directivos del hospital que han participado en la contratación y que de ser necesario se procederá a la investigación.

De su lado, el ministro de Salud, Franklin Encalada reiteró que están abiertos a recibir las denuncias ciudadanas y a los procesos de fiscalización por parte de los asambleístas.

Afirmó que en este caso específico han acudido a la Contraloría General del Estado, para trasladar las denuncias sobre los procesos en los que se han presentado problemas con posibles sobreprecios en la adquisición de alimentos. Enfatizó que la gestión está orientada a mejorar los servicios y optimizar los recursos del sistema de salud en beneficio de la ciudadanía.

De su lado, la legisladora Viviana Veloz requirió información sobre la deuda con prestadores externos, como es el caso del Hospital Gustavo Domínguez, de Santo Domingo, que por seis meses no se ha pagado a los prestadores de servicios externos en el área de limpieza y seguridad privada. Carlos Rodríguez expuso su preocupación porque estas denuncias implican no solo pérdidas económicas para el Estado, sino la falta de atención con eficiencia en todos los hospitales.

María Fernanda Araujo, tras resaltar la presencia del ministro para transparentar la información, afirmó que en Chimborazo existen denuncias de venta de puestos en la coordinación de esa provincia. Roberto Cerda manifestó que también se han advertido malos manejos en Napo y Orellana, por lo que demandó la separación de los funcionarios responsables para garantizar salud para los ecuatorianos.

José Agualsaca comentó que el problema de la salud está enfocado en la reducción del presupuesto. Henry Bósquez declaró que, en su provincia Bolívar, demandan el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, abastecimiento de medicamentos y fortalecimiento de talento humano.

PV

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