La reforma de los incentivos a la contratación choca con Bruselas

El Gobierno acaba de solicitar el tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación por valor de 6.000 millones de euros mientras se atasca en las reformas que le permitirán disponer del cuarto en el próximo año. Al menos en lo que se refiere al componente 23, que abarca las “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”.

En un momento en el que España sigue registrando la mayor tasa de paro de la Unión Europea, este compromiso pone el foco en el ministerio de Trabajo y Economía Social, que ultima varias leyes especialmente complejas en este ámbito.

Una de las más delicadas, la que regula los incentivos a la contratación ha sufrido un duro revés en su negociación inicial con las comunidades y las organizaciones sociales. Un retraso que complica el calendario de aprobación pactado con Bruselas.

Hasta ahora, las reformas emprendidas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han cumplido con los estipulado con la Comisión Europea, con hitos como la Ley Rider, la regulación del teletrabajo y, sobre todo, la reforma laboral. La frecuenta agenda europea de la ministra y su buena relación con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha facilitado además la buena recepción de sus leyes y proyectos. Algo que contrasta con los desencuentros sufridos por otras medidas del Gobierno también el ámbito laboral como es el caso de la reforma de pensiones impulsada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social a cuenta de las pensiones.

Centrada en la discapacidad

Pero Trabajo entra ahora en una nueva fase de reformas, quizá menos llamativas, pero igual de complejas y relevantes para el futuro del mercado laboral, cuyos primeros pasos están siendo sorprendentemente accidentados.

El mayor tropiezo se ha dado con el anteproyecto de Ley para regular los incentivos a la contratación laboral. Una reforma “clave” ya que el Gobierno reconoce que los cerca de 2.000 millones de gasto anual, el 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo “no han logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral español, demostrándose poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo”.

La reforma se encomendaba a un informe de la AiRef que abogaba por reordenar los incentivos y bonificaciones para crear empleo estable entre los colectivos más vulnerables, especialmente en lo que se refiere a la apuesta por rediseñar los incentivos a la contratación de personas con discapacidad.

Sin embargo, a la hora de la verdad, esto se ha trasladado en un anteproyecto cuya memoria económica recoge un ahorro neto de apenas 264 millones de euros (aproximadamente un 12% del total) pero del que 225 millones de ellos, es decir, un 84%, se extrae de las ayudas que recibía este colectivo.

¿Por qué un ajuste tan descompensado? La razón es que la norma busca ante todo erradicar las bonificaciones a los contratos temporales. Pero este objetivo no ha tenido en cuenta las particularidades de la empleabilidad de estas personas, que en muchas ocasiones se tiene que articular a través de unos centros especiales de empleo que también han resultado especialmente penalizados por la reforma.

Con este mismo argumento de crear “empleo estable” se recortan también otros 49 millones en los contratos de sustitución con jóvenes menores de 25 años, y reduce en 7 millones los incentivos a la contratación en Ceuta y Melilla. Pero en estos casos, se han compensado en mayor o menor medida con incrementos en las partidas al empleo fijo. Algo que no ha ocurrido para las personas con discapacidad.

Una rectificación con prisas

a reacción de las organizaciones del tercer sector y las comunidades autónomas ha sido contundente. De hecho, algunas de estas últimas llegaron a criticar en sus alegaciones la escasa “calidad técnica” del texto que les remitió Trabajo y la aparente falta de coordinación con el departamento que dirige José Luis Escrivá para decidir sobre unas políticas que se hace con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Ante estas críticas, avivadas por la denuncia pública de organizaciones como la ONCE o CERMI, el Gobierno ha tenido que rectificar a toda velocidad.

El 24 de noviembre el Ministerio de Trabajo presentó a las organizaciones y las comunidades autónomas un nuevo texto que anula la mayoría de los recortes a la discapacidad y se compromete a un futuro “diálogo” con las organizaciones para desarrollar “las iniciativas legislativas oportunas para ordenar e impulsar los programas de empleo en favor de las personas con discapacidad”.

Mientras tanto ofrece una nueva bonificación de 147 euros al mes para los contratos en empresas de inserción, con independencia de si el contrato es indefinido o temporal.

Este escenario cuestiona el ajuste prometido en la revisar versión, ya que deja sin revisar el resto del articulado.

Aunque el acuerdo ofrecido por Trabajo pretende acelerar la negociación, los plazos se convierte en un problema para el calendario europeo. El Gobierno se había comprometido a aprobar la reforma y ponerla en marcha en 2022. Un escenario imposible, sobre todo si la nueva negociación se salda sin acuerdo y el rechazo social se extiende a la tramitación parlamentaria.

Recortes al empleo estable

Aunque la norma promete impulsar el empleo estable, también incluye varios recortes a la contratación indefinida, La más llamativa es la de la bonificación por prolongación del periodo de actividad de las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio, que ahora pasa a ser solo en febrero, marzo y octubre.

El Gobierno cifra el ajuste en 155 millones de euros, aunque el incremento de esta modalidad contractual diluirá su impacto en el empleo.

Más difícil de justificar es la supresión de la bonificación a la contratación indefinida de un familiar por parte de un trabajador autónomo, que supondrá un ahorro de 5 millones al año.

Lo que no se recortan, ni se revisan, son los incentivos a la conversión de contratos formativos y de relevo en indefinidos, que se financiarán con 17 millones de euros anuales, pese al demoledor informe presentado por el Tribunal de Cuentas que considera que el 81% de este presupuesto supone un ‘despilfarro’ de dinero.

Fuente: Revista El Economista

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba