La Fiscalía de la Nación de Perú decidió no presentar un recurso de apelación para evitar que la presidenta Dina Boluarte fuese interrogada por los familiares de los muertos durante las protestas en su contra, ocurridas entre fines de 2022 y el inicio de 2023, en las que 67 personas perdieron la vida. Por lo tanto, los letrados podrán avanzar en ese procedimiento, publican medios locales.
El Ministerio Público desistió de realizar ese trámite durante una audiencia realizada el martes 15 de agosto. Además de a la mandataria, la medida también involucra a su jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Ambos están acusados de los delitos de genocidio y homicidio calificado.
Sin embargo, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, rechazó la acusación y aseguró que “no tiene sentido la participación de la presidenta por genocidio”. “De ninguna manera hay genocidio y la responsabilidad política no existe, porque las instrucciones fueron específicas y desarrolladas de acuerdo a ley”, expresó.
En tanto, tras la decisión de la Fiscalía, el abogado Carlos Rivera Paz, quien representa a los familiares, anunció que buscará realizar los interrogatorios lo más pronto posible.
De las 67 muertes que dejaron las protestas, 49 se dieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ni el Gobierno ha sancionado a militares o policías ni la Fiscalía ha imputado a ningún responsable.
Fuente: actualidad.rt.com