Cuando la petrolera ExxonMobil llegó con todo a Georgetown en 2019, en la sociedad de Guayana se empezaron a vivir momentos de optimismo y esperanza. El país sudamericano, uno de los más pobres del mundo, comenzó en sus costas un proceso de exploración comercial de petróleo nunca realizado en esta zona que pondría fin a décadas de pobreza. Cinco años después, la fórmula resultó y la que fuera colonia británica ha logrado un crecimiento económico exponencial, pero con un impacto que, todavía, no ha llegado a todos sus habitantes por igual.
Los datos oficiales (los pocos que hay, porque el país aún tiene ciertos problemas para publicar datos económicos fidedignos con regularidad) no tienen discusión alguna.El PIB per cápita de Guyana se ha disparado más de un 300% desde 2019, para pasar de los 6.500 dólares por guyanés a superar los 26.000 dólares, alcanzando un nivel similar al de los países menos avanzados de la eurozona. Por otro lado, la inflación está bajo control, la balanza por cuenta corriente registra unos superávits históricos (gracias a las exportaciones de petróleo) y el sector público está ahorrando ingentes cantidades de dinero a través de un vehículo de inversión similar al que utiliza Noruega.
El caso de Guyana es de estudio. En poco más de cuatro años ha pasado de producir cero barriles de petróleo a bombear más de 600.000 barriles de crudo cada día, convirtiéndose en una de las grandes potencias petroleras de Sudamérica. Guyana lucha hoy con Argentina y Venezuela por convertirse en el tercer o incluso segundo mayor productor de petróleo de esta región. Brasil lidera el ranking con más de 3 millones de barriles diarios.
Guyana va como una moto hacia las primeras posiciones. El Gobierno de Guyana agilizó todo lo posible las operaciones de ExxonMobil, que con su larga experiencia en operaciones en aguas profundas está liderando este crecimiento sin parangón de la oferta de crudo en un país tan pequeño. En la primera parte (los primeros años) de este contrato buena parte de los ingresos están yendo a la compañía americana para compensar el elevado coste de inversión inicial. Pero poco a poco, una mayor parte de los beneficios irán fluyendo hacia el Gobierno de Guyana, su fondo soberano y, supuestamente, los ciudadanos.
Sin embargo, los datos oficiales y las estadísticas, pese a su gran utilidad, no siempre cuentan toda la verdad. Un ejemplo que siempre se utiliza para explicar por qué la renta per cápita no es un indicador infalible es el siguiente: si en una economía de dos personas y en la que hay dos pollos, yo me como los dos pollos, la ‘renta per cápita’ de esa economía es de un pollo por persona, aunque yo me haya comido los dos. Algo así podría estar sucediendo en Guyana con algunos indicadores económicos.
Desigualdad de renta y riqueza
Un reciente informe que analiza la desigualdad de ingresos en Guyana revela que la divergencia entre los que menos renta tienen y los que más ingresos generan se está incrementando. Esto tampoco quiere decir que los pobres sean más pobres, lo que está sucediendo en Guyana es que hay algunos hogares que están disfrutando de un fuerte incremento de su renta gracias al petróleo y los beneficios indirectos que genera.
Además, Guyana tiene un problema adicional que, a su vez, revela la riqueza y singularidad de este territorio. Este país de poco más de 800.000 habitantes tiene varias etnias dentro de su territorio, lo que a su vez también genera desigualdades sociales, fragmentación en el voto y en la cultura.
La demografía de Guyana es fruto del proceso migratorio que tuvo lugar durante su etapa como colonia del Reino Unido. Por ello está compuesta por dos grupos principales. Uno son los hindúes (India) o Indo-guyaneses, que conforman alrededor del 50% de la población, que habitan en las zonas rurales. La otra etnia importante son los africanos subsaharianos o afro-guyaneses, que conforman alrededor del 40% de la población y son los residentes en los centros urbanos. Aunque no existen datos certeros, se cree que la población con más activos y renta son los indo-guyaneses.
Sube el precio de alquileres y comida
De este modo, pese a que los datos oficiales indican que las tasas de desempleo han disminuido y que hay una inflación “controlada”, los testimonios de los propios guyaneses revelan la desigualdad que se vive en el país. Y es que, para un gran sector del país, la llegada de las petroleras y constructoras ha disparado los precios de productos, como los alimentos y los alquileres. “Los ricos se hicieron más ricos y los pobres, más pobres”, comentaba una comerciante local a BBC.
Sobre el ítem de pobreza, el propio PNUD ha indicado que antes del boom petrolero el país era el segundo más pobre de América, sólo detrás de Haití. Un dato que actualmente “es difícil de evaluar”, según ha explicado el Banco Mundial, debido a que aún no se ha generado un dato oficial desde 2019, cuando la cifra arrojaba que en Guayana un 48,4% de la población vivía en situación de pobreza.
Temor a la inflación y al ‘mal holandés’
Uno de los efectos secundarios del crecimiento económico de Guyana que más aquejan a los residentes refiere a la inflación. Un ítem que el gobierno guyanés ha sabido manejar mediante un fondo soberano para evitar una posible hiperinflación por consecuencia de la inyección de nuevo dinero del petróleo que está ingresando en la economía de este pequeño país. Aunque este riesgo existe, por ahora no hay inflación ni claros signos del ‘mal holandés’, una enfermedad que se produce cuando un sector, materia prima o producto de una economía disfruta de un auténtico boom. Este boom concentra todos los recursos en dicho sector además de generar una fuerte entrada de divisas, que aprecia con intensidad la moneda de ese país, castigando la competitividad internacional del resto de sectores de la economía.
La creación de este fondo soberano ha servido en gran medida para la inversión de proyectos de infraestructura. El FMI considera en su último informe sobre la economía guyanesa que la tasa de inflación del país “está bajo control y que no hay signos de sobrecalentamiento de la economía”. Según los datos más recientes del gobierno de Guyana, la inflación acumulada entre julio de 2022 y julio de 2023 fue del 1,2%.
Desempleo, el otro protagonista
Aunque el Gobierno de Guyana ha señalado que las tasas de desempleo han bajado, desde una perspectiva global sigue siendo muy altas. Los datos del Banco Mundial apuntan a que el promedio del desempleo en 2022 fue del 12,4%, más del doble del promedio mundial de ese año, que fue del 5,3%. Si a esta cifra se aprecia desde la inserción laboral de los jóvenes, es aún más llamativa. En 2022, la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años sin trabajo formal fue del 25%, más del doble que la tasa de la población en su conjunto. Es decir, uno de cada cuatro jóvenes del país no tenía un trabajo formal.
Los testimonios de los residentes, recogidos por varios medios de comunicación internacionales, apuntan a que no ha existido una “integración laboral” de profesionales locales en la industria emergente del petróleo y el gas como se esperaba. Y esto tiene una explicación. A nivel histórico, esta industria ha apostado por una mano de obra cualificada y especializada para su ejecución que no ha sido posible encontrar en Guyana. Por esta razón, los empleos asociados a mejor remuneración están ocupados por personal extranjero con alto perfil en el sector del petróleo. Guyana es incapaz, por ahora, de generar el tipo de perfiles que requiere esta industria.
“Hay sectores más dinámicos que ya se han beneficiado del crecimiento del país. Pero, para la población en general, acceder a estos empleos requiere el desarrollo de capacidades, y esto lleva tiempo”, manifestó el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guyana, Gerardo Noto.
En esta línea, el consorcio de petroleras, liderado por ExxonMobil y compuesto por Hess y la china CNOOC, reconoció a la BBC que parte de los empleos generados por la industria aún no benefician a los guyaneses. Sin embargo, pretenden invertir 100 millones de dólares en la formación de mano de obra local durante los próximos diez años.
Fuente: Revista El Economista