La Ley de Plusvalía no está vigente ni es legal, según demandantes recibidos por gremios

La Cámara de la Construcción de Guayaquil y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE), recibieron al abogado Germán Coloma Gaibor y al señor Álvaro Almeida Cáceres, quienes demandaron la inconstitucionalidad de la Ley de Plusvalía.

Los argumentos para sustentar la demanda -dice el abogado Gaibor- es que no se respetaron los tiempos de debate que exige la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que el último debate del referido cuerpo legal, se desarrolló el 25 de diciembre del 2016, siendo este un día feriado; además, que la Ley de Plusvalía, fue publicada en una fecha que no existe, pues el Registro Oficial que la contiene tiene fecha viernes 30 de diciembre de 2017, día que aún no llega y que tampoco llegará, porque esa fecha será sábado, señala el jurisconsulto.

Enrique Pita, Presidente la Cámara de la Construcción de Guayaquil, señaló que apoyan cualquier iniciativa ciudadana que propenda a eliminar ese cuerpo legal o a reformarlo sustancialmente, puesto que sus efectos han sido perniciosos para el sector, causando una reducción de al menos 50% en la actividad.

De su lado, Jaime Rumbea, Director Ejecutivo de APIVE, señaló que esperan que el equipo de transición del Gobierno entrante y una vez posesionado el nuevo Presidente de la República, puedan reunirse para resolver este y otros temas que afectan a los actores del sector de la construcción. Rumbea dijo confiar en la apertura mostrada por el Mandatario entrante, quien ha señalado su disposición a revisar los efectos de la Ley de Plusvalía y a reformarla, de ser necesario.

Ambos entes, APIVE y la Cámara de la Construcción, aceptaron recibir a los demandantes pues sus argumentos abundarían en las irregularidades e inconvenientes que ellos han identificado en la Ley y que deben ser conocidos por el gran público y por las autoridades.

Los demandantes, de su lado, añadieron que se sienten en indefensión, pues ha transcurrido el plazo legal para que se dicte una resolución y aún no existe un pronunciamiento oficial.

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