La Cámara de la Minería del Ecuador anunció su apoyo a la decisión del Gobierno de Ecuador de declarar a la minería ilegal y a sus actividades conexas como una amenaza para la seguridad integral del Estado.
Este gremio representa a las empresas autorizadas para ejecutar sus proyectos mineros. Hay dos yacimientos en explotación en Zamora Chinchipe y más de seis en atapas avanzadas.
Curipamba es uno de ellos. Está ubicado en el cantón Las Naves, de la provincia de Bolívar. Esta mina es de la empresa ecuatoriana Salazar Resources y la canadiense Curimining.
María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la Cámara (CME), señaló que la verdadera enemiga es la minería ilegal, enemiga de la naturaleza y de la soberanía del país.
La extracción ilícita de minerales no respeta al sector humano ni a la naturaleza, pues opera sin permiso alguno, no se sujeta a ninguna licencia ambiental y no ofrece trabajo formal, indicó.
Las decisiones del Gobierno
La reacción de la CME ocurrió luego de que se anunciaran las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para luchar frontalmente contra la minería ilegal.
El secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, hizo el anuncio la mañana del jueves 26 de enero del 2023.
Una de ellas es la declaratoria de esta actividad y todas las conexas como una amenaza para el Estado.
Esta decisión se adoptó, tras revisar el impacto y los daños que causa la minería ilegal en el ambiente, en lo laboral y los efectos en la seguridad del Estado.
La extracción ilegal es parte de la cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos, como parte de una estructura delincuencial.
El Cosepe definió que para enfrentarla se aprobó la estrategia de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Además, se respaldaría a las concesiones mineras legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades.
Hay algunas acciones como el reordenamiento normativo para establecer registros, controles y supervisión estatal de la minería ilegal. Eso constará en un decreto que emitirá el presidente Guillermo Lasso.
También se revisará el esquema de sanciones y la participación de la Policía y Fuerzas Armadas. Ordóñez ratificó que ambas tienen la obligación del aseguramiento de todo el territorio para garantizar la paz y el cumplimiento de las actividades legalmente autorizadas.
Las reacciones de la Cámara
Silva comentó que los mineros ilegales no pagan impuestos, incumplen obligaciones financieras y actúan sin control de la autoridad ambiental y del agua.
Las exportaciones mineras representan USD 6 000 millones en los últimos tres años, luego de que comenzó la explotación de dos minas a escala industrial. Estas son Fruta del Norte y Mirador, que extraen oro y cobre.
Los datos del Ministerio de Energía y Minas revelan que el sector generó entre enero y octubre del 2022 más de 185 000 empleos directos e indirectos y una recaudación de USD 643 millones.
Silva dijo que con la declaratoria se espera que “los grupos sociales que atacan a toda actividad minera -sin diferenciar lo formal de lo ilegal- enfoquen sus esfuerzos en combatir al verdadero enemigo.
La presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas -opinó- busca resguardar a las comunidades de la violencia de ciertos grupos antimineros o de mineros ilegales, que pretenden paralizar las operaciones legales y responsables.
Fuente: El Comercio