La ética, códigos morales y derechos reproductivos fueron temas de análisis en la Comisión de Justicia

La Comisión de Justicia cumplió una nueva jornada de estudio del proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, para lo que escuchó el criterio desde el ámbito de la sociedad civil, médico, psicológico y religioso.

El Fray Julián Cruzalta, defensor de Derechos Humanos, radicado en México, analizó el proyecto desde el punto de vista de la ética, los códigos morales y los derechos reproductivos. La ética es un espejo donde nos miramos, afirmó, al señalar que para el análisis del tema es necesario considerar el mundo de las ideas, los derechos, principios, valores y las creencias.

Así mismo, expresó que deben primar los argumentos y un análisis ético. Hay que salvaguardar unidad y diversidad como principios éticos, así como las libertades y la autonomía individual de las personas, como valores de la ética pública, añadió.

Comentó que el Estado no puede ser neutral en ética pública y en ese ámbito debe intervenir y legislar con respeto a todas las creencias. Despenalizar el aborto no obliga a nadie a abortar, es como el divorcio existe en la ley, pero a nadie se le obliga a divorciarse, enfatizó, al destacar que con ello van a dejar de morir mujeres que ahora van a abortar a lugares clandestinos.

De su lado, Krystel Estrella, representante ciudadana, revisó el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional que tiene como objetivo garantizar el acceso a interrumpir el embarazo en caso de violación. Por ello, sostuvo que le llama la atención que se incluya como un derecho la interrupción del embarazo, cuando el objetivo es regular el tema ante una situación específica, como es el aborto en caso de violación.

Comentó que debe haber un balance entre los derechos de las mujeres víctimas de violación, que reciban atención prioritaria y especializada y el principio constitucional que garantiza la vida desde la concepción, a la vez que reiteró la necesidad de fomentar una cultura de denuncia de los casos de violación. También invitó a trabajar para evitar la revictimización de las personas violentadas.

Octavio Miranda, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de UNIANDES y presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador, sostuvo que es fundamental trabajar en prevención, al tiempo que advirtió que en Ecuador ha subido la tasa de mortalidad materna, pues 160 mujeres mueren cada año, lo que significa que cada dos días muere una madre en el país, que es uno de los parámetros más altos en América Latina y que entre las causas consta la violencia de género y abortos inseguros.

Igualmente, sugirió no establecer límite en edad estacional, porque se trata interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Aseveró que es importante la educación integral sexual, pues los derechos sexuales y reproductivos son también derechos humanos. No queremos más muertes maternas, la atención en salud es un derecho, no un privilegio, subrayó.

Steffy Sánchez, psicóloga clínica realizó un análisis en torno a la salud mental y las complicaciones psíquicas en violación y posaborto. Una mujer violada no se cura con el aborto, afirmó.

Añadió que por ello es importante definir con claridad el concepto de salud, que según la OMS, es un estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedades. Así mismo, afirmo que tanto la violación, que es un acto atroz en contra de una persona, como el aborto, tienen diferentes consecuencias, pues generan problemas y complicaciones psíquicos, como estrés postraumático, ansiedad, depresión, pérdida del autoestima, miedo, vergüenza y culpa.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, tras agradecer las observaciones y comentarios expuestos por los comparecientes, manifestó que las opiniones enriquecerán el debate y estudio del proyecto.

PV

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