La disculpa pública en casos de corrupción, un acto administrativo que se cumple por mera formalidad

Un minuto y 30 segundos duraron las disculpas públicas que ofreció al país, el pasado 25 de noviembre, el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, como parte de la sentencia en firme como autor del delito de lavado de activos relacionado a la empresa Odebrecht. Se transformaba así en el primer exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa en disculparse por un acto de corrupción.

Ese corto tiempo fue usado en su mayoría para aclarar que es un error que se haya dado por sentado que todos los recursos investigados en su caso fueron del proyecto Toachi Pilatón, que ese proyecto se suscribió un año antes de su gestión, que mucho del proceso penal se dio sin su conocimiento y que nunca fue comprobada la ilicitud del origen de los recursos en esta causa que arrancó en 2017.

En solo unos segundos, Mosquera señalaba que esta era la segunda vez que pedía disculpas y que lo hacía porque es un hombre de bien. “Pido disculpas públicas al Ecuador, desde el fondo de mi corazón las ofrezco”, con eso se cumplía la parte de la reparación inmaterial al Estado, que se suma a la pena de cinco años de cárcel y al pago de $ 666.000 como multa económica.

Actualmente, Mosquera goza de un beneficio penitenciario al haber completado el 65 % de su pena, cumpliendo así el resto de su condena bajo el régimen semiabierto. Lo que no se conocía oficialmente es si cumplió hasta el 11 de diciembre pasado con cancelar su parte de los $ 2 millones que debía pagar como reparación para el Estado junto a su padre, Antonio Mosquera, y su tío Marcelo Endara.

Para la fiscal general Diana Salazar estas disculpas públicas ordenadas por un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) buscan de alguna forma obtener la garantía de no repetición y que los ciudadanos entiendan que no se puede abusar de los fondos públicos, porque se pueden ver supeditados a tener que realizar este tipo de actos.

“Este es el mensaje para todas las personas que cometen delitos, especialmente en los actos relacionados con corrupción, con el abuso de fondos públicos”, señalaba Salazar.

Partiendo de las disculpas ofrecidas por Mosquera, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, entiende que lo que termina siendo ese acto administrativo es una “ofensa” para el país, pues, dice, un sentenciado habla cualquier cosa por completar con un trámite y terminan burlándose del pueblo al no cumplir en la cárcel su pena, ni pagan económicamente por el “asalto provocado”.

Rodas piensa que es difícil que los corruptos devuelvan lo ilícitamente obtenido, pero cree que eso no es el problema de un juez, sino de una estructura jurídica del país, a la cual define como una estructura hecha en favor del delincuente, por ejemplo, en los sistemas de contratación o en sistemas judiciales que son muy permisivos a la hora de enfrentar a los delincuentes.

Más allá de las disculpas públicas, explica Rodas, lo que debe procurar un Estado es que los corruptos paguen completa su pena de cárcel, que devuelvan el dinero de la afectación y que, mientras no cumplan con su multa económica, no se les permita acogerse a beneficios penitenciarios como la prelibertad o el régimen semiabierto. Plantea que deben darse reformas jurídicas para alcanzar este fin.

En la lista reciente de personas a quienes jueces de la CNJ ordenaron que realicen también un acto de disculpas públicas por un delito de corrupción están los 20 condenados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016: el expresidente Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, el exsecretario jurídico Alexis Mera, los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri, las exasistentes Pamela Martínez y Laura Terán, y diez empresarios.

Por la trama de sobornos identificada y en la que se dispuso se repare al Estado con un monto de $ 14,7 millones, la ejecución del fallo se completará cuando los condenados cumplan sus penas y, como medidas de reparación simbólica, den disculpas públicas en la Plaza de la Independencia. A costo de los procesados este lunes se colocó una placa en Carondelet con el texto: “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética”.

Además, estos sentenciados por cohecho deben realizar un curso de cuando menos 300 horas académicas sobre ética laica y transparencia en administración pública.

El procurador general Íñigo Salvador tiene claro que la Procuraduría llevará adelante todas las gestiones necesarias para hacer que estos casos de corrupción no se queden exclusivamente en dictar una sentencia y en la privación de la libertad de los culpables. “El Estado ecuatoriano perseguirá la recuperación de los activos estatales que fueron mal utilizados por los condenados”.

Ismael Quintana, constitucionalista, explica que al ciudadano poco le interesa que un condenado ponga una placa en Carondelet o que ofrezca disculpas públicas, además de manera hipócrita con el país por cumplir. Esos temas para él son poesía en una sentencia y cree más bien que lo que al país le importa es que el culpable cumpla su pena en la cárcel y devuelva lo que se ha llevado.

Pero resulta que en Ecuador, dice, se quedan prófugos, no pagan cárcel, no devuelven lo que se robaron y, en el mejor de los casos, como ha ocurrido con Glas y otros, van a la cárcel unos años, y con reglas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de la cooperación eficaz o reglas del sistema penitenciario las penas terminan siendo reducidas o se acogen al régimen semiabierto, a la prelibertad.

Quintana refiere que este tipo de beneficios fueron hechos por el “correísmo para el correísmo”, pues genera que los corruptos tengan toda la certeza de que incluso si los llevan a la cárcel no van a devolver lo robado y que si paga unos tres o cuatro años de cárcel salen en libertad a disfrutar de esos bienes mal habidos.

Por ello indica que nuestro COIP no tiene normas que ayuden a la recuperación de estos bienes mal habidos y ve como fundamental una Ley de Extinción de Dominio.

Tanto Rodas como Quintana coinciden en que deben existir reformas legales en lo que tiene que ver con beneficios penitenciarios para personas con sentencias en firme por casos de corrupción contra el Estado por cohecho, peculado, concusión… además de reformas en figuras como la cooperación eficaz, que terminan premiando a delincuentes que afectaron el correcto desenvolvimiento del Estado.

“Sí molesta que además de que el tipo es delincuente y que se le está procesando hay que premiarlo porque ha abierto la boca y ha delatado a otro delincuente o porque ha entregado documentación, lo que conocemos como cooperación eficaz, o porque por buen comportamiento la persona se acoge a un régimen de prelibertad o semiabierto. (…) Por eso el COIP tal como está fomenta la corrupción”, aclaró Quintana.

 

Fuente: eluniverso.com

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