El debate de un nuevo proyecto de ley de Recursos Hídricos o ley de Aguas se aproxima a la atmósfera legislativa, cuya aprobación dependerá del cumplimiento de la realización de una consulta prelegislativa que incorpore el pronunciamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas.
En mayo se cumple el plazo de un año que dio la Corte Constitucional (CC) para que la Presidencia de la República presente ante el Parlamento un nuevo proyecto de ley de Recursos Hídricos o ley de Aguas para su debate y aprobación.
Esto, luego que la que se aprobó en el 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, fue declarada inconstitucional por la forma el 12 de enero de 2022, en conjunto con el reglamento, porque no contó con la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en una consulta prelegislativa.
No obstante, dejaron vigentes esas normas hasta que las funciones Legislativa y Ejecutiva elaboren una nueva, pero con una “consulta prelegislativa adecuada en la que participen los pueblos indígenas desde las primeras etapas”, cita la sentencia.
La Corte concluyó que la “opinión de las comunidades indígenas no es únicamente relevante al momento en que estas participan en la consulta prelegislativa, sino que su criterio debe ser tomado en consideración en todas las etapas, incluida su preparación”.
Esto, por el reclamo del accionante de la demanda de inconstitucionalidad, Jorge Herrera, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien señaló que en la elaboración de la primera ley, dicha consulta se hizo de manera rápida y las audiencias públicas se efectuaron en las capitales provinciales, lo que “tuvo repercusiones, pues participaban las personas que vivían en los cascos urbanos y que no pertenecían a las comunidades”.
En estadísticas, se verificó que se convocó a 1.494 asociaciones de primer grado, 64 de segundo grado y 12 organizaciones nacionales; de 6.000 comunidades, se inscribieron 1.500, de las que solo 930 habían logrado responder a la consulta en un plazo de 20 días y sin respetar los procedimientos comunitarios para la toma de decisiones.
Es por ello que para este nuevo proyecto la participación de las comunidades indígenas deberá ser obligatoria y cumpliendo la Constitución y los criterios jurisprudenciales y estándares internacionales sobre la consulta prelegislativa.
La CC otorgó un plazo de doce meses, que se contarían desde la publicación de su sentencia en el Registro Oficial, para que el presidente de la República presente este articulado que será enviado a la Legislatura.
El fallo se publicó en la Edición Constitucional 34 del 6 de mayo de 2022 del Registro Oficial, por lo que restaría un mes para que concluya ese plazo.
Hasta el momento, el gobierno de Guillermo Lasso no ha revelado su propuesta, en los registros de la Asamblea tampoco consta su ingreso.
Este Diario solicitó información al Ministerio del Ambiente, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Fuente El Universo