La Asamblea tramitó 9 juicios políticos en los últimos 12 meses. El número supera a los nuevos proyectos de ley aprobados, desde que el 14 de mayo del 2021 arrancó el nuevo mandato de cuatro años.
En este lapso, el Legislativo ha enviado al Registro Oficial 24 leyes, pero sólo siete corresponden al paquete de 80 proyectos que fueron incluidos en la agenda parlamentaria 2021-2022.
Entre esas constan la Ley orgánica de vivienda de interés social, la Ley orgánica para evitar los cobros indebidos del sistema financiero, así como reformas en materia de Seguridad Social, becas y ambiente.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), y los presidentes de las comisiones, evaluaron los resultados el martes pasado. Acudieron todos, a pesar de la disputa por el control de esta Función, que se acentuó en los últimos tres meses.
En ese espacio, Llori reconoció que los proyectos aprobados y que corresponden a la nueva agenda legislativa, “son todavía pocos”.
Cantidad versus calidad
Sin embargo, la presidenta de la Asamblea aseguró que este es el periodo con mayor avance en aprobación de leyes, si se compara a las tres últimas presidencias, donde se aprobaron 16 leyes por año.
“No es la Asamblea que más produce leyes, sino hay que ver la clase y la calidad de leyes, que nosotros podemos aportar al pueblo ecuatoriano”, reprochó el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo.
El legislador también le reclamó por no haber dado paso a una moción para que la Asamblea se ratifique en el texto de la Ley del aborto por violación, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley en abril pasado.
Llori aseguró que la moción no se ajustó al procedimiento parlamentario para las mociones. “Aquí se necesita de votos, no de buenas intenciones, y quien resolvió este proyecto fue el Pleno”, respondió.
Una segunda ley que fue al Registro Oficial por el Ministerio de Ley fue la reforma tributaria, que fue presentada con el carácter de económico-urgente, por el Ejecutivo.
Pendientes
La Ley de Libertad de Expresión y las reformas a la Ley de Educación Superior, promovidas por el presidente Guillermo Lasso, todavía no concluyen su trámite. Mientras, la Ley de Inversiones terminó en el archivo y la Ley Creando Oportunidades no fue calificada.
Entre las que siguen en proceso constan la Ley del uso progresivo de la fuerza y otras en materia de seguridad, así como la Ley de Gestión de Riesgos. Otro de los pendientes es la Ley para el manejo de la pandemia, que fue requerida por la Corte Constitucional.
Entre las que han ido al Registro Oficial, 9 corresponden a normas que fueron aprobadas por la anterior legislatura como la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Datos Personales o las reformas a la Ley de Tránsito.
Otras siete corresponden a iniciativas de legisladores del anterior mandato y una de iniciativa del presidente Guillermo Lasso: La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.PUBLICIDAD
Juicios políticos
El superintendente de Compañías, Víctor Ancundia, y la superintendente de Bancos, Ruth Arregui, se convirtieron en los primeros funcionarios en ser censurados y destituidos por el actual Legislativo.
El excontralor, Pablo Celi, y el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, así como el exministro de Energía del Gobierno de Lenín Moreno, René Ortiz, fueron censurados por incumplimiento de funciones.
Mientras que los procesos que se seguían contra Celi y la excontralora, Valentina Zárate, y el exministro de Finanzas de Moreno, Richard Martínez, fueron archivados por no ajustarse a los requisitos del art. 131 de la Constitución.
También terminó en el archivo el pedido de interpelación contra el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, después de que el asambleísta del correísmo, Ferdinan Álvarez, retiró la solicitud.
Álvarez tomó esa decisión para abrir paso a los pedidos de interpelación a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), organismo encargado de designar autoridades de control.
El correísmo y el PSC buscan la interpelación de los consejeros, que son parte de la nueva mayoría en el CPCCS: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, y María Fernanda Rivadeneira. Mientras, que Pachakutik pidió que también sean incluidos Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero.
Otros pedidos de interpelación a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de la Judicatura todavía no tienen resolución de la Comisión de Fiscalización. El Pleno todavía no se ha pronunciado sobre el informe que recomienda el archivo del juicio político impulsado por el correísmo contra Carlos Riofrío, contralor subrogante.
A diferencia de las leyes ordinarias, cuyo trámite puede tomar más de un año, los juicios políticos se procesan en un mes, aproximadamente.
Fuente: El Comercio
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