“Un juez no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un pleno legislativo y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden, tratando de cumplir con las funciones de legislar y fiscalizar atribuibles únicamente a la Asamblea Nacional”, señala el documento.
Añadió que los servidores destituidos que desconocen una orden de autoridad legítima deben ser denunciados por tal delito; al igual que el juez auspiciado por el Consejo de la Judicatura. “Y, en ese sentido, las máximas autoridades del país, incluida la fiscal general del Estado, deben adoptar las gestiones conducentes a fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado, de tal manera que pueda asegurarse la democracia”.
De esta forma, “la Asamblea Nacional NO reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos” (sic).
La madrugada de este sábado, -sin la presencia de los tres vocales de minoría Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, que no fueron enjuiciados en el Parlamento- los cuatro consejeros de mayoría y que sí fueron censurados y destituidos por el juicio político y, a la vez, restituidos por dicha medida cautelar, designaron a Roberto Romero von Buchwald como nuevo superintendente de Bancos, de una terna que remitió el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 5 de agosto.
En la resolución adoptada por el CPCCS consta un punto en el que dispone la notificación de esta decisión a la Asamblea Nacional para que posesione a Romero en el cargo; asimismo, declaró nula la resolución con la que designó en un primero proceso a Raúl González Carrión y que fue posesionado en el pleno legislativo.
Aunque una jueza de Samborondón (Guayas) anuló todo lo actuado en el proceso de elección de González al aceptar una acción de protección y ordenó que el presidente de la República remita una nueva terna y el CPCCS proceda con una nueva selección que concluyó este 3 de diciembre.
Con ello, González no asumió funciones en la Superintendencia y el Consejo de Participación Ciudadana designó a este nuevo funcionario, al que Hernán Ulloa tomó juramento después de su designación.
No obstante, resta que la Legislatura lo posesione para que tome posesión en su cargo y asuma su despacho. (I)
Fuente El Universo
