El Gobierno optó por el camino más complicado, pero el único que le dejó la Corte Constitucional (CC) para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas. Su principal opositor, la Asamblea Nacional, deberá tratar la reforma parcial que actualmente está en análisis en la CC.
En su tercer intento, el Gobierno pidió a la CC que iniciara el procedimiento para la reforma parcial que permitiría que las FF.AA. colaboren en la seguridad interna, en lo relacionado con el crimen organizado.
La primera vez que se intentó usar a la Fuerzas Armadas como apoyo fue mediante la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, que aprobó la Asamblea. Al final, en su tratamiento, el Legislativo descartó el uso de la figura del estado de emergencia para solicitar ese trabajo conjunto entre la Policía y los militares.
Después, el Ejecutivo intentó que se aprobara mediante una enmienda a la Constitución, al incluirlo como primera pregunta de su consulta popular. La CC, en su control de vía, le dijo que no era posible y, al menos, debía recurrir a la reforma parcial.
Estos antecedentes pesan en el Parlamento. Entre las bancadas no hay un convencimiento de que, una vez que llegue la reforma parcial, se pueda resolver algo distinto a lo que ya se dicho.
¿Qué dicen las bancadas?
El legislador Ramiro Narváez (ID), quien es presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, dice que la participación de las FF.AA en el orden público está prohibida por la Constitución. Añade que también hay estándares internacionales sobre el rol de Policía y Ejército.
“Ya hubo un primer intento y la Comisión le dijo que no. Ya han existido experiencias nefastas en otros países cuando se da ese poder a las FF.AA., porque no es su rol”, señala Narváez. Sin embargo, el legislador de la ID señala que no ve posible el que el proyecto de reforma llegue a la mesa que preside. Indicó que debería ir a la Comisión de Reformas Constitucionales.
Darwin Pereira, de Pachakutik, señala que es una irresponsabilidad por parte del Gobierno poner a la Fuerzas Armadas en ese rol, ya que no están preparadas para eso. Dice que la armas entran al país por las fronteras y es importante que se refuercen esos puntos con el Ejército.
Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, menciona que serán prudentes hasta que la CC dictamine si el pedido del Ejecutivo se puede tramitar bajo una reforma parcial. En principio, dice, parecería lógico que los militares apoyen a la Policía. Pero su rol es la seguridad externa y eso podría implicar dejar desprovista la frontera y eso es un error.
Para el correísmo, tampoco es la mejor opción otorgarle ese rol a FF.AA.; José Vallejo, de Unes y parte de la Comisión de Seguridad, cree que esto tiene más que ver con una intención del Gobierno por legitimarse.
El legislador mencionó, además, que actualmente las FF.AA., con la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza pueden actuar de manera complementaria en las cárceles y en la requisa de armas.
Solamente el oficialismo confía en que el cambio pueda pasar en la Asamblea. El asambleísta Jorge Pinto, de Creo, menciona que la reforma será una oportunidad para que la Legislatura se reivindique. Además, considera que lo que tiene que analizar la Asamblea no es muy complicado. Para él, el país está en una guerra. Eso amenaza la soberanía misma del Estado y protegerla es un rol de las Fuerzas Armadas.
Los bloques coinciden en que lo que hace falta es que se fortalezca a la Policía. Además que, como lo menciona Pereira, ninguna acción dará resultados si es que no se atacan las desigualdades sociales.
El proceso
El constitucionalista Emilio Suárez menciona que, tras el dictamen de la CC sobre la propuesta de enmienda, se pude prever que la respuesta sobre la vía para este cambio será nuevamente la reforma parcial.
Una vez que la CC se pronuncie y de darse que el dictamen sea favorable, el proyecto de reforma deberá llegar a la Asamblea. Allí deberá ser calificado y direccionado a una Comisión. Podrá ser negado, modificado o aprobado en dos debates. Entre ambas discusiones deben transcurrir 90 días. Según Suárez, al final se daría el referéndum en las urnas.
Un antecedente
La Asamblea, en el anterior periodo, ya tramitó una reforma parcial. Esta partió de una iniciativa ciudadana. Se trató del pedido del Comité por la Institucionalización Democrática.
Ese colectivo recogió firmas y presentó su proyecto para eliminar al Cpccs. Sin embargo, tras el tratamiento del pedido, la propuesta no alcanzó los 91 votos necesarios en el Pleno del Parlamento. Es decir, este tipo de iniciativas dependen en gran medida de los votos que se puedan conseguir en el Legislativo, un espacio opuesto al Ejecutivo.
Consulta
Este proceso difiere del que está en curso para la consulta popular, que emprende el Gobierno. De ese referéndum, ocho preguntas ya tienen luz verde para ir a las urnas.
El Ejecutivo espera el dictamen de otras tres preguntas que no tienen que ver con cambios a la Constitución y versan sobre seguridad y empleo. Con eso, se prevé que el presidente Guillermo Lasso envíe la convocatoria al CNE. Las seccionales de febrero de 2023 serían el espacio para preguntar a la ciudadanía sobre los cambios.
Fuente: El Comercio