La administración Trump ha asegurado que revocará las protecciones legales de estatus de más de medio millón de migrantes que ingresaron legalmente en Estados Unidos en 2022 dentro de un programa de trabajo temporal.
El aviso publicado este viernes por el Registro Federal, que se formalizará el 25 de marzo, se aplica a unas 532.000 personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, a quienes se les permitió volar directamente a los EEUU después de solicitarlo desde el extranjero, según ha informado la agencia Bloomberg.
Por ello, según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional, más de medio millón de personas perderán su estatus legal a partir de finales de abril, por lo que aquellos que no dispongan de otra base legal para permanecer en el país deberán irse o serán deportados.
La eliminación del programa de libertad condicional, conocido como CNHV, representa un aumento significativo en la represión de la inmigración bajo la presidencia de Donald Trump, ampliando la aplicación de la ley para abarcar a muchos migrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos y que no tienen antecedentes penales, según la citada agencia.
El programa CNHV fue implementado por el anterior presidente, Joe Biden, como una alternativa legal a los peligrosos cruces fronterizos. Trump ha estado criticando este tipo de programas durante algún tiempo, considerándolos ilegales y comparándolos con políticas de fronteras abiertas.
Biden y “familia”, sin autorización
Por otra parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este viernes la retirada de “autorizaciones de seguridad y acceso a información clasificada” al expresidente Joe Biden y “a cualquier otro miembro de (su) familia”, así como a otros nombres destacados de su Ejecutivo y a funcionarios demócratas de alto rango de la anterior administración estadounidense, ha informado la Casa Blanca.
“He determinado que el acceso a información clasificada ya no es de interés nacional”, ha expresado Trump en un memorando en ha ordenado a todo departamento y agencia ejecutivas tomar las “medidas adicionales necesarias (…) para revocar cualquier autorización de seguridad vigente” y “rescindir de inmediato su acceso a información clasificada”.
Esta orden incluye también la prohibición del acceso sin escolta a “instalaciones seguras” del Gobierno de EEUU a las personas incluidas en la lista de privaciones de acceso, en la que figuran la exvicepresidenta Kamala Harris, a los ex secretarios de Estado Anthony Blinken y Hillary Clinton, al ex asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, entre otros.
Así las cosas, Donald Trump ha advertido de que, si alguna de las las personas vetadas recibe autorización de seguridad “en virtud de su empleo en una entidad privada“, “la entidad del Gobierno que la otorgó deberá informar a la entidad privada que se le ha revocado el derecho a acceder a información clasificada”.
Fuente: Revista El Economista
