Política

Justicia Social denuncia por presunto desacato a cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral

Con una concentración en las afueras de la Fiscalía General en Quito, miembros del movimiento Justicia Social presentaron una denuncia penal en contra de cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La denuncia, ingresada este 25 de noviembre, es por el delito de presunto desacato a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que resolvió aceptar un recurso subjetivo contencioso electoral de Justicia Social y ratificar su personería jurídica. A la vez, ordenó al Consejo adoptar como reparación integral «todas las medidas administrativas necesarias para que la organización política cuente con el tiempo y los medios adecuados para realizar los actos de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas».

Para el movimiento, el CNE no cumplió con esa sentencia e impidió la inscripción del empresario Álvaro Noboa como candidato a la Presidencia de la República.

Sylka Sánchez, vocera de la organización política, precisó que la denuncia es en contra de cuatro consejeros: José Cabrera, Diana Atamaint, Enrique Pita y Luis Verdesoto. No mencionó a Esthela Acero.

Ello porque el 12 de noviembre, el pleno del CNE, con el voto de los cuatro vocales y la abstención de Acero, dejó sin efecto una primera resolución que habilitaba plazos para que se proceda con el trámite para escoger candidatos para las elecciones generales del 2021.

Se argumentó que el sistema tecnológico de inscripciones estuvo abierto para todas las organizaciones políticas, incluida Justicia Social, por lo que se dará trámite a las candidaturas que fueron inscritas dentro de los plazos de democracia interna e inscripción.

Esto afectó la inscripción de Noboa, cuya documentación se ingresó al CNE el 7 de noviembre pasado, pero no se la calificó porque no se había tramitado dentro del calendario para inscripciones, que concluyó el 7 de octubre a las 18:00.

«Hemos venido a presentar la denuncia en contra de los consejeros, por el artículo 282 del Código Integral Penal. No nos vamos a mover de Quito hasta que el CNE acate la sentencia ejecutoriada del TCE. Venimos a pedir a la Fiscal, Diana Salazar que recepte esta denuncia porque no puede ser burlado el pueblo. El CNE no puede, con una resolución, tirar abajo una sentencia ejecutoriada del TCE», expresó Sánchez.

En una entrevista en radio Huancavilca este 25 de noviembre, el consejero José Cabrera explicó que después de que se resolvió eliminar a Justicia Social y otras cuatro agrupaciones por recomendación de una auditoría de la Contraloría del Estado, se emitió una medida cautelar.

Pero el TCE levantó dicha medida cautelar y la organización realizó su democracia interna. «En las tres dignidades realizaron democracia interna, y en 15 provincias. Justicia Social solo inscribió a parlamentarios andinos y para asambleístas provinciales inscribe en diez provincias. No inscribieron candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República, no inscribieron asambleístas nacionales» dijo Cabrera.

Además precisó que si el CNE resuelva habilitar plazos para que el movimiento vuelva a realizar su democracia interna «dejaríamos en indefensión a otras organizaciones políticas que sí cumplieron los procedimientos dentro de los plazos».

Al momento, el TCE debe resolver un recurso planteado por Justicia Social, en contra de la resolución del CNE para que se permita la participación de Noboa. (I)

Fuente: El Universo 

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