La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió criterios de la Contraloría General del Estado y de un experto en derecho constitucional, en torno al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para Cobrar las Obligaciones Económicas establecidas mediante Glosas.
Néstor Toro Hinostroza, delegado de la Contraloría General del Estado (CGE), subrayó que varias de las reformas propuestas ya están contenidas en la ley vigente y que cambiar algunos textos e incorporar otros artículos sería inconveniente por cuanto podría generar distorsiones en el desarrollo de las acciones de control que realiza el organismo.
Por ejemplo, dijo que establecer un plazo de 30 días para que la CGE ejecute una resolución en firme para el cobro de glosas sería inadecuado porque la institución no cuenta con el suficiente personal para ese tipo de actuaciones. Actualmente, la CGE puede cumplir con este procedimiento hasta en 10 años, añadió. Así mismo, en caso de aceptar que pueda existir un mecanismo de mediación para el cobro de glosas, sugirió que solo se permita tal procedimiento para establecer convenios de pago.
De su lado, Ángel Viteri, magíster en Derecho Constitucional, sobre la base de su experiencia como patrocinador de personas administradas en proceso de auditoría llevados a cabo por el organismo de control, aseguró que si bien es cierto que algunos de los artículos propuestos en el proyecto ya constan en la normativa vigente, es necesario realizar algunas precisiones a fin de evitar una actuación arbitraria de la CGE.
En este sentido propuso que se revise el tema relacionado con la notificación del inicio de un proceso de auditoría en forma física y no por canales electrónicos, como se efectúa ahora, puesto que en muchos de los casos el administrado ni siquiera conoce que está sometido a una auditoría y solo se entera cuando se entrega el informe final a la autoridad de la institución auditada. En ciertos casos no se entera del informe preliminar, porque no se lo convoca a la lectura del mismo.
Se debe regular también lo relacionado con la prohibición de ejercicio de un nuevo cargo público porque, en ocasiones, una vez solucionado el problema, el Ministerio de Trabajo se niega a levantar la prohibición que fue dispuesta por Contraloría, agregó.
Fernando Cedeño, presidente de la Comisión, agradeció los aportes expuestos y solicitó que sus observaciones y sugerencias sean enviadas oficialmente por escrito.
Fuente: Asamblea Nacional
