Juicio político en contra del exministro de Energía René Ortiz podría ser archivado

El juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos No Renovables René Ortiz pasaría al archivo una vez que este 17 de junio concluya el plazo máximo que tenía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar un informe sobre el proceso para conocimiento del pleno.

La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, insistió bajo protesta este 15 de junio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en que incluya en el orden del día del pleno el pedido de que resuelva la suspensión de plazos y se nombre a nuevos interpelantes en el juicio contra Ortiz.

Villavicencio dijo que está insistiendo en que el tema sea incluido en la sesión del jueves 17 de junio, y que “quede claro que no es un tema de la Comisión de Fiscalización, sino un tema de la presidencia de la Asamblea, de poner en el orden del día la petición para resolver el tema de plazos y designar nuevos interpelantes para ese juicio”.

Este juicio político planteado por los exasambleístas Mercedes Serrano y Dennis Marín (PSC) fue calificado por la Comisión de Fiscalización, presidida por el exasambleísta Elio Peña (PK), el 12 de mayo y notificado al acusado al día siguiente.

A partir de esa fecha corrían los plazos para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, la práctica de diligencias y comparecencias, hasta la elaboración y aprobación de un informe en la Comisión. Pero a partir del 14 de mayo de 2021 se instaló la nueva Asamblea Nacional y se eligió una nueva Comisión de Fiscalización, que al momento la preside el asambleísta Fernando Villavicencio (Concertación-PSE).

Esa Comisión determinó que este proceso de juicio político no tiene interpelantes, porque tanto la asambleísta Mercedes Serrano como Dennis Marín perdieron su calidad de legisladores y tampoco se reeligieron para el actual periodo.

La Comisión de Fiscalización hizo una consulta al departamento jurídico de la Asamblea sobre el camino a seguir en caso de ausencia de interpelantes, y planteó si cabía una suspensión de plazos. Ese organismo, en un informe no vinculante, dejó abierta la posibilidad de que se trataría de un caso fortuito y de fuerza mayor.

Eso llevó a los asambleístas integrantes de la Comisión a aprobar el 7 de junio pasado una resolución pidiendo a la presidenta de la Asamblea Nacional que someta a consideración del pleno un texto para que resuelva si suspende o no los plazos en este proceso político y se nombre a nuevos interpelantes.

La acusación contra Ortiz tiene relación con incumplimiento de funciones en la contratación de seguros para Petroecuador y falta de control en el pago de las liquidaciones jubilares a los trabajadores de las empresas públicas eléctricas del país.

Según el procedimiento contemplado en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez calificado el trámite tanto el funcionario acusado como los asambleístas acusadores tienen quince días de plazo para presentar las pruebas de cargo y de descargo; esto es el 28 de mayo pasado.

Pero la Ley otorga diez días adicionales para la práctica de pruebas de descargo por parte del interpelado, es decir, hasta el 7 de junio. A partir de esa fecha corren cinco días de plazo para presentar el informe por parte de la Comisión que se cumplió el 12 de junio pasado; pero la normativa contempla la posibilidad de cinco días adicionales por pedido de la Comisión de Fiscalización para presentar el informe motivado solicitando el archivo del trámite o el juicio político. Este plazo vence este 17 de junio.

El expresidente de la Comisión de Fiscalización Elio Peña afirmó que no existe posibilidad de suspender los plazos para las pruebas, pues la Ley no lo permite y si lo enjuician, el proceso podrá argumentar violación del debido proceso, por cuanto las pruebas están fuera del término que establece la Ley.

Peña recordó que una vez que se calificó el juicio el 12 de mayo pasado dispuso a la secretaría que informe sobre este caso a secretaría de la Presidencia de la Asamblea y desde el 14 de mayo empezaron a correr los plazos. Si no se practicaron las pruebas de cargo y de descargo, y tampoco se presentó el informe para conocimiento del pleno, el efecto inmediato es el archivo del juicio, afirmó.

Desde la Comisión de Fiscalización, presidida por Villavicencio, se informó que el acusado tampoco ha presentado ningún documento a la Comisión. (I

Fuente: El Universo

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