La ex ministra de Salud, Ximena Garzón, podría salvarse del juicio político en su contra, debido a que no se notificó, dentro del plazo, a la ex funcionaria y los dos legisladores interpelantes: Natalie Viteri (PSC) y Ricardo Vanegas (Pachakutik), de los informes de posturas y las actas de sustanciación del enjuiciamiento.
La secretaría general de la Asamblea tenía hasta el domingo 18 de diciembre para notificar a las dos partes, pero la difusión del informe recién lo realizó el lunes 19 de diciembre a las 16:25.
La Comisión de Fiscalización, el pasado 15 de diciembre, no obtuvo los votos para aprobar el informe borrador que recomendó el archivo de la solicitud de juicio debido a que “no se han encontrado indicios de incumplimiento de funciones toda vez que se han analizado las pruebas de cargo y la contestación a las acusaciones políticas por parte de los funcionarios cuestionados”. Por ello, la mesa remitió el informe de posturas y el expediente a la secretaría el 16 de diciembre.
Tanto el presidente como la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización: Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, en su orden, alertaron de que la mayoría legislativa de UNES y PSC, se “comieron el juicio político”, porque una vez presentado el informe de posiciones, que la mesa de Fiscalización lo realizó el 16 de diciembre, la secretaría general del Parlamento, tenía 48 horas para notificar a las partes, pero no se hizo sino hasta el 19 de diciembre.
La secretaría general del Parlamento, en su notificación, señala que el 17 de diciembre terminó recién el plazo para la presentación de las actas de votación correspondiente, y un informe con el detalle de las posiciones de los asambleístas miembros de la comisión.
Cordero reveló que desde la Secretaría General de la Asamblea se llamó al secretario relator de la mesa de Fiscalización reconociendo que se olvidaron de notificar a las partes con el informe de posiciones a Garzón y a los asambleístas acusadores, y que “por favor si se puede enviar el informe de posiciones en físico con fecha sábado 17 de diciembre, y desde la comisión se dijo que no”. Por lo tanto, no hay juicio.
Fernando Villavicencio añadió que el pleno ya no puede conocer el juicio a la ex funcionaria de salud porque el plazo precluyó el domingo pasado y la secretaría de la Asamblea notificó un día después de vencido el plazo. “Con todo esto ya no existe juicio, se comieron el juicio y se cayó ese proceso”, destacó.
El asambleísta interpelante, Ricardo Vanegas (Pachakutik), lamentó que sea el segundo juicio que no prospera en el pleno por haber precluido los plazos, y la responsabilidad en este proceso en contra de Garzón, radica en el secretario de la Asamblea, porque notificó un día después del plazo.
Comentó que aspiraba que las posturas de los bloques sobre este juicio llegue al pleno porque hay elementos que demuestran la responsabilidad de la ex funcionaria, sin embargo, dijo que no puede ser ambivalente y debe respetar lo que señala la Constitución; es decir, si los plazos precluyeron por culpa del secretario del Parlamento o del Presidente de la Asamblea, no cambiará su criterio de que no se puede aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, porque la nueva mayoría legislativa, confunde procesos de fiscalización con juicio político.
Vanegas dijo que la mayoría parlamentaria afín a UNES, PSC y a Virgilio Saquicela bloqueó la posibilidad de llevar al juzgamiento a la ex ministra Garzón, donde existen pruebas que demuestran que el Ministerio de Salud ayudó a cambiar la normativa del reglamento de contratación pública para que una empresa que era Ginsberg Ecuador, que está impedida de vender al sector público por contratista incumplida desde el 2019, pero se implementó una nueva forma de contratación utilizando dos universidades para poder vender las medicinas aplicando una bypass.
Fuente: El Universo