Jueza Teresa Núques conocerá pedido de juicio político contra Guillermo Lasso

A esta sesión fueron convocados representantes de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la República y medios de comunicación. En representación de Carondelet acudió el secretario Jurídico, Juan Pablo Ruiz, y Christian Proaño, del equipo jurídico del Parlamento.

Para el sorteo, cada uno de los nueve jueces escribieron sus nombres en un papel y fue ingresado a una pecera, al final el presidente de la Corte, Alí Lozada, sin mirar el instrumento, sacó uno donde contenía el nombre de Teresa Núques.

“Aunque ella es la ponente de esta causa, debe saber la ciudadanía que la decisión finalmente va a corresponder al Pleno de la Corte. La jueza Núques, como es habitual en nuestro funcionamiento colegiado, presentará una ponencia para que lo conozcamos los demás miembros de la Corte, pero finalmente será la Corte, los nueve jueces y juezas, quienes decidiremos sobre este caso”, dijo Lozada.

¿Quién es la jueza Teresa Núques?

Es doctora por la Universidad de Coruña, España y por la Universidad Católica de Guayaquil. Es magíster en Arbitraje y Mediación, en Derecho Administrativo; y en Justicia Constitucional. Especialidades en: procedimientos constitucionales, sistemas jurídicos de protección a los Derechos Humanos; especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca; Tributación Internacional por la Universidad de Castilla La Mancha. Diplomados superiores en derechos fundamentales y Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante.

Pide respetar independencia

El presidente del máximo órgano de control constitucional agregó que “Ecuador debe estar absolutamente seguro de que la decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente apegada a la Constitución, será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional”.

“En ese sentido quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones, con absoluto respeto a la institucionalidad de la Corte, y por lo demás tengan la seguridad de que nosotros resolveremos conforme al procedimiento y los tiempos establecidos en la ley”, finalizó Lozada.

Las etapas

El procedimiento, que está previsto en el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es el siguiente:

• Una vez recibida la solicitud de la Asamblea, la Corte designará al ponente. Esto se dará en un sorteo con la presencia de todos los jueces que hacen quórum.
• El juez ponente tiene tres días para presentar el proyecto de dictamen.
• En el proyecto deberá constar: si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución.
• El Presidente  de la Corte deberá convocar al Pleno dentro de las 24 horas siguientes, tras recibir el proyecto.
• Los jueces del organismo tendrán que emitir su dictamen definitivo 48 horas después de entregado el proyecto.
• Para aprobar la resolución se requiere de los votos favorables de al menos seis de los nueve jueces (dos tercios del Pleno).
• Si es favorable regresará a la Asamblea. Caso contrario se archivará.

• ¿Qué debe resolver la Corte?

  El pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso pasó a la Corte Constitucional, una vez que fue calificado a trámite por el Consejo de Administración de la Asamblea.

  A la Corte le corresponderá emitir un dictamen de admisibilidad, del que dependerá si esta causa avanza hasta una posible censura y destitución del Mandatario o se archiva.

  De acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, la Corte tiene un plazo de seis días para pronunciarse una vez recibida la solicitud.

  En el artículo 148 esta norma especifica el procedimiento y los plazos previstos para el dictamen para iniciar el juicio político contra el Presidente de la República:

• Luego, el artículo 153 dispone que la Corte no tiene competencia para decir si están probadas las infracciones ni puede señalar la responsabilidad del Presidente.
  

  

  Análisis

  Es la primera vez que un Presidente de la República enfrenta un pedido de este tipo con este procedimiento. De allí que entre constitucionalistas hay diversas lecturas sobre los alcances del pronunciamiento que deberá tomar la corte.

  “La Corte fijará su atención en los argumentos expuestos por los legisladores. A partir de estos formulará los problemas jurídicos y, en consecuencia las respuestas”, dice la constitucionalista Verónica Hernández en su columna publicada en la versión impresa de EL COMERCIO el domingo pasado.

  Agrega que el enfoque del dictamen “estará en la carga argumentativa dada por los legisladores y si esta encaja en el delito que se le imputa al Presidente”.

• El constitucionalista Ismael Quintana sostiene que la propia Corte ya ha dicho que los juicios políticos “no son procesos penales, ni se basan en apreciaciones objetivas”.

  “La Corte debe revisar, más allá de lo formal, que la acusación singularice la infracción y que haya conexión lógica entre los hechos y el tipo penal. Nada más”, anotó.

  Quintana insistió en que la Corte “no puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, no tiene competencia legal ni jurisprudencial sobre la validez de las pruebas, no puede llegar a decir que el presidente es o no responsable de las imputaciones que le hace la Legislatura”.

  Si pasa el filtro de la Corte, una posible censura y destitución del presidente Lasso dependerá de al menos 92 votos (mayoría calificada) en el Pleno de la Asamblea Nacional. En ese escenario, asumirá el cargo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.