Si es que cinco jueces de la Corte Nacional de Justicia se quedan seis años más en los cargos es lo que se resolverá este 27 de febrero, a las 14:30, en Portoviejo, Manabí.
La decisión estará en manos del juez Juan Carlos Almache Barreiro, sorteado para conocer la acción de protección que presentó Walter Macías, pero de la que podrían beneficiarse Byron Guillén, Felipe Córdova, Fabián Racines y Luis Rivera, según consta en el sistema Satje de la Función Judicial.
La diligencia había sido convocada inicialmente para el viernes pasado, a las 10:30, pero fue reagendada para garantizar el derecho a la defensa alegado por el Consejo de la Judicatura, la entidad accionada. El juez advirtió a las partes procesales que no se aceptará otro pedido similar por respeto a las características de esa clase de acciones constitucionales que deben ser rápidas, oportunas y eficaces.
¿Qué busca el juez Macías? Permanecer en funciones nueve años. Eso, a pesar de que él y otros cuatro jueces participaron en el concurso en el que en la convocatoria se anunciaba que habían siete vacantes para permanecer en los cargos nueve años, dos para seis años y siete para tres años en funciones.
Macías y otros cuatro jueces concursaron para tres años. Al final del concurso, de los 16 jueces que se buscaba se escogió a nueve y dos conjueces.
EXPRESO contactó a Macías a su número celular pero no hubo respuesta. Mientras que el juez Guillén aclaró que ni él ni sus otros colegas presentaron el recurso. Pero admitió que podrían ser beneficiados si es que la respuesta es positiva. Explicó que la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Corte Constitucional han señalado que un juez es nombrado para nueve años.
Para él, el Código de la Función Judicial señala que ningún juez puede ser elegido para reemplazar el período de otro. Indicó que “sería un mal precedente para el estado constitucional que no se respete el período de los jueces. Ya la corte constitucional se ha pronunciado al respecto. El respeto al período de los jueces”.
El caso terminó en la justicia constitucional porque la Judicatura no dio paso al pedido de los jueces que buscaban “se canalice un pedido de convalidación y de rectificación del nombramiento en calidad de jueces de la Corte”. Ese pedido trasladado por el presidente de la Corte, Iván Saquicela, a finales del año pasado, recibió un informe negativo. Saquicela precisó que la respuesta se remitió a los solicitantes.
El abogado penalista Miguel Revelo opinó que la acción de protección es un mecanismo jurídico encaminado a proteger la vulneración de derechos constitucionales de las personas. “Este mecanismo no se puede accionar cuando se conoce previamente por parte de los demandantes las condiciones claras de las circunstancias en las que se desenvolverá sus derechos constitucionales”, dijo. Se refiere al conocimiento que tenían los jueces de las reglas del concurso.
Fuente: expreso.ec