Juez constitucional resuelve un habeas corpus en favor de siete detenidos

Las Fuerzas Armadas habrían afectado los derechos de los presos en las cárceles de Ecuador durante el presente conflicto armado interno, según una sentencia emitida por el juez constitucional Manuel Peña Estupiñán.

Militarización de cárceles genera crisis y oportunidad para bandas criminales Así lo dio a conocer el colectivo Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles, a través de un comunicado publicado en la red social X.

“El juez declaró responsable a Estado por acción y omisión”, dice el documento. Esta sentencia surge tras una acción de Habeas Corpus correctivo, tramitada el pasado 30 de enero de 2024, por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos a favor de siete presos, a quienes supuestamente se les habría negado el acceso a medicinas. “Acción porque las Fuerzas Armadas atentaron contra personas privadas de libertad, al someterlas a maltratos que presumiblemente podrían ser tortura.

Omisión, porque el SNAI no está ejerciendo su competencia de gestionar los centros penitenciarios”, resume la publicación. ¿Qué resolvió el juez? Según el colectivo, sus integrantes buscarán presionar por las vías legales para que las Fuerzas Armadas cumplan con el mandato del juez, que incluye: Atención médica ininterrumpida a los presos. Seguimiento a la salud mental de las personas detenidas.

La Defensoría del Pueblo deberá investigar, en 45 días, las supuestas torturas. Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad. El SNAI deberá entregar colchonetas, acceso a electricidad, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal, de manera directa.

Control carcelario Las Fuerzas Armadas empezaron su intervención en las cárceles del país el pasado 9 de enero, cuando se decretó el Conflicto Armado Interno. Hasta el momento, los uniformados tienen el control de por lo menos 10 centros penitenciarios. Las cárceles eran consideradas centros de poder delincuencial para las bandas delictivas, por lo que su intervención era una de las prioridades del Eje de Seguridad. En estos centros se han decomisado armas, municiones, explosivos y demás objetos prohibídos.

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