El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán Carrillo, insiste en solicitar al presidente de la República, Guillermo Lasso, que disponga las medidas necesarias para que la Función Judicial cuente con el suficiente presupuesto y así brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y oportuno.
El cuestionamiento primero fue hecho por Terán durante una rueda de prensa en la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y lo volvió a realizar la mañana de este miércoles 1 de marzo en Quito, luego de un acto público en el que se posesionó a los 22 nuevos directores provinciales en el ámbito administrativo de la Judicatura.
“Para el 2022 tenemos una asignación y para el 2023 tenemos una merma de casi $ 50 millones. Esto afecta al gasto corriente, las tablas de personal están cada vez retrocediendo. Acaso hay una pretensión de dejar sin personal a la Función Judicial, que llegue un momento dado en donde no haya dinero para pagar aquello. Acaso hay una pretensión sistemática y generalizada para a través del sistema económico deslegitimar una función del Estado. Esas son cuestiones que hay que preguntarse”, señaló el recién posesionado presidente del CJ.
Durante su discurso de posesión, Terán explicó que en el ejercicio fiscal 2022 se hizo una asignación presupuestaria a la Función Judicial de poco más de $ 370 millones, mientras que para el ejercicio fiscal 2023 la asignación presupuestaria es de $ 317 millones.
Este hecho, dijo el titular del CJ, está empezando a generar un golpe al conjunto de obligaciones de la Función Judicial. Además dio otras cifras que revelan la situación del sistema de justicia: el número total de nombramientos permanentes está duplicado en nombramientos provisionales y los contratos ocasionales tienen el 30 % de los nombramientos permanentes.
La cifra es considerable. Se tiene un ritmo de trabajo y se paga un corriente de remuneraciones cómo afecta más de $ 50 millones de merma en solo un año. La progresividad anhelada por todos los Estados está sufriendo una regresividad y esa regresividad sí puede constituirse en un detonante generador de progreso, pues eso genera desempleo, desocupación, los grandes problemas sociales”, apuntó.
Xavier Muñoz, vocal del CJ, apoyó el cuestionamiento de Terán y agregó que él junto con el nuevo presidente de la Judicatura y la también vocal Maribel Barreno van a “exigir” a este Gobierno los recursos. “Basta que nos vean a nosotros como cualquier ministerio, somos la Función Judicial, somos la columna vertebral que genera un verdadero Estado de derecho”.
Terán ejemplificó la situación señalando: “Si esto pasara con la Función Legislativa, no va a poder entregar las leyes que necesita el Ecuador; si se dejara de entregar esos recursos a la Función de Transparencia y Control Social, de qué control estaríamos hablando”.
El presidente del CJ recalcó que la Función Judicial goza de independencia e imparcialidad y que en ese marco requiere tener las condiciones necesarias de infraestructura, talento humano e insumos. Desde su perspectiva existen serios problemas estructurales y esos problemas estructurales generan un impacto en el comportamiento humano.
La falta de recursos sería, según Terán, uno de los factores que impiden garantizar la carrera judicial y esa sería una de las razones por las que actualmente no existe estabilidad laboral en el sector justicia. “En el país se exige justicia, pues esto requiere de presupuesto”, enfatizó. (I)
Fuente: El Universo