El 14 de marzo, vía decreto ejecutivo presidencial 690, se creó una Comisión de Coordinación, cuyo encargo es ser un puente con el perito argentino Roberto Meza Niella para recuperar lo que fue el Tercer Producto, en el que se mencionaba a los autores intelectuales de la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, quien denunció ilícitos en las compras militares que se efectuaron en el gobierno de Rafael Correa. La exasambleísta lojana y hoy presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, es parte de esta instancia, quien ofrece llevar a cabo un trabajo transparente y sin politización. Cuenta que el próximo martes está prevista una primera reunión de los comisionados (Sebastián Palacios, ministro del Deporte y Arturo Moscoso, catedrático) para establecer contacto con el perito, que reside en Brasil y que fue quien elaboró el Tercer Producto que desapareció de los registros documentales del Estado, bajo una comisión interinstitucional que creó el expresidente Correa. Del diálogo con el perito dependerá conocer en manos de quién desapareció ese informe y en el caso de que haya que reconstruirlo, cuánto tiempo más se requerirá.
¿Con qué expectativas arranca el trabajo de la Comisión de Coordinación para acceder al denominado Tercer Producto?
Esta es una comisión que se crea bajo una sentencia de la Corte Constitucional y es de fiel cumplimiento. Su objetivo es que pueda articular con el perito Roberto Meza la entrega del Tercer Producto o informe final que tendría los nombres de los posibles autores intelectuales de la muerte de Jorge Gabela. Cuando la comisión se instale, que está previsto sea el martes en la tarde, mantendremos un primer acercamiento con el perito para que conozca que esto es para cumplir una sentencia y necesitamos saber de él si tiene una copia del documento, algún dato de lo que fue el tercer producto. Porque cabe aclarar que él entregó su trabajo, pero es aquí en el Estado en donde desaparecen esas evidencias, ese trabajo. Necesitamos escuchar al perito y exponer que aquí tenemos un plazo de menos de tres meses para presentar ese informe. Entonces tendremos que definir si es posible recuperar la información y qué tiempo conllevaría.
Es decir, el primer paso sería establecer un cronograma de trabajo.
La comisión establecerá los plazos, porque tenemos dos meses y medio para cumplir la sentencia. Debemos conocer qué tiene el perito en su posesión de lo que fue la investigación. Si es posible el planteamiento de una reconstrucción, qué tiempo llevaría, los insumos para recuperar la información, si quiere venir al país. Cuál es la posibilidad para cumplir la sentencia, porque hay la obligatoriedad de en tres meses entregar el tercer producto. Además, la sentencia habla de la Ley Orgánica de Acceso a la Información, en el sentido de que un funcionario público no puede negarse, no puede perder la información. La persona o funcionario que trastoca este artículo es responsable, no solo civil y administrativa, sino también penalmente. Esto es un tema que conlleva una alta responsabilidad.
¿Qué es lo que van a coordinar como comisionados? ¿Con otras instituciones la entrega de documentación al perito, facilitar procesos?…
Nosotros queremos tener el tercer producto de las manos del perito Meza. Estos productos ya fueron costeados por el Estado ecuatoriano. Fue un dinero pagado en su momento y la pregunta es al perito: ¿a qué funcionario le entregó el tercer producto? ¿Tiene el respaldo de recibo-entrega de los productos? ¿Quién fue la autoridad que en ese entonces debía custodiar el informe? Estos insumos serán trasladados a las instituciones, como la Fiscalía y la Contraloría del Estado, porque si se analiza la sentencia, se busca que el perito pueda responder a estas interrogantes y entender qué pasó con el tercer producto. Si en su momento el perito habló de reconstruir el tercer producto, en la comisión queremos escuchar si se sostiene en ese sentido y cuál sería el tiempo que conllevaría. El presidente de la República (Guillermo Lasso) expresó el apoyo para que se esclarezca y la Fiscalía pueda investigar. La Corte concluyó que hay una violación al derecho a la verdad y la finalidad es que se conozca quiénes fueron los autores intelectuales del hecho. La Corte observa que el tercer producto presenta inconsistencias, por lo que es importante identificar qué falta del último producto, al parecer no están las conclusiones o no está completo. Eso queremos escuchar del perito, qué entregó al Ministerio de Justicia, qué funcionario fue y si es posible la reconstrucción. Esta es la primera vez que una Corte Constitucional, en un caso como este determina plazos, responsabilidades a las instituciones. Es como poner la casa en orden y que se determine por qué desapareció esta documentación. Si el perito da un plazo para la reconstrucción del informe, como comisión tendremos que tomar una decisión para responder a la Corte y explicar que el plazo que se requiere no sería de dos meses, sino de más. Lo importante es contar con la información.
No obstante, esta tarea fluirá si hay acceso a la información, que el Gobierno levante cláusulas de confidencialidad, por ejemplo.
Cuando participé de la comisión multipartidista en la Asamblea Nacional pedimos información certificada a las instituciones y había unas que no tenían actas de cómo funcionó el comité interinstitucional, por ejemplo. Entonces habrá que replantearse si es posible construir este tercer informe. Será indispensable conocer si el perito podrá recordar detalles. Creo que es importante escucharle a él con qué información cuenta. Queremos ser una comisión que pueda coadyuvar a que la Fiscalía avance en las investigaciones y se pueda esclarecer este hecho. Ese es uno de los compromisos.
El perito ha dicho que él entregó ese tercer producto al presidente de ese comité, que en ese entonces fue el exministro de Justicia Lenín Lara y que lo que pasó con el general no fue un delito común.
Cuando se firma un contrato con el Estado hay responsabilidades por no cumplir. De lo que recuerdo, para tener un tercer producto se debía determinar en el segundo, si era delincuencia común o delincuencia organizada. Si era común hubiese quedado en dos productos. Entonces la Corte habla de tres productos y hablar de tres productos es avanzar a una conclusión o reducir a los posibles implicados para que la Fiscalía determine e investigue.
Incluso en el gobierno de Lenín Moreno hubo compromisos con la señora Patricia Ochoa para dar acceso a la información, pero tampoco se cumplieron.
El 14 de marzo, vía decreto ejecutivo presidencial 690, se creó una Comisión de Coordinación, cuyo encargo es ser un puente con el perito argentino Roberto Meza Niella para recuperar lo que fue el Tercer Producto, en el que se mencionaba a los autores intelectuales de la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, quien denunció ilícitos en las compras militares que se efectuaron en el gobierno de Rafael Correa. La exasambleísta lojana y hoy presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, es parte de esta instancia, quien ofrece llevar a cabo un trabajo transparente y sin politización. Cuenta que el próximo martes está prevista una primera reunión de los comisionados (Sebastián Palacios, ministro del Deporte y Arturo Moscoso, catedrático) para establecer contacto con el perito, que reside en Brasil y que fue quien elaboró el Tercer Producto que desapareció de los registros documentales del Estado, bajo una comisión interinstitucional que creó el expresidente Correa. Del diálogo con el perito dependerá conocer en manos de quién desapareció ese informe y en el caso de que haya que reconstruirlo, cuánto tiempo más se requerirá.
¿Con qué expectativas arranca el trabajo de la Comisión de Coordinación para acceder al denominado Tercer Producto?
Esta es una comisión que se crea bajo una sentencia de la Corte Constitucional y es de fiel cumplimiento. Su objetivo es que pueda articular con el perito Roberto Meza la entrega del Tercer Producto o informe final que tendría los nombres de los posibles autores intelectuales de la muerte de Jorge Gabela. Cuando la comisión se instale, que está previsto sea el martes en la tarde, mantendremos un primer acercamiento con el perito para que conozca que esto es para cumplir una sentencia y necesitamos saber de él si tiene una copia del documento, algún dato de lo que fue el tercer producto. Porque cabe aclarar que él entregó su trabajo, pero es aquí en el Estado en donde desaparecen esas evidencias, ese trabajo. Necesitamos escuchar al perito y exponer que aquí tenemos un plazo de menos de tres meses para presentar ese informe. Entonces tendremos que definir si es posible recuperar la información y qué tiempo conllevaría.
La comisión establecerá los plazos, porque tenemos dos meses y medio para cumplir la sentencia. Debemos conocer qué tiene el perito en su posesión de lo que fue la investigación. Si es posible el planteamiento de una reconstrucción, qué tiempo llevaría, los insumos para recuperar la información, si quiere venir al país. Cuál es la posibilidad para cumplir la sentencia, porque hay la obligatoriedad de en tres meses entregar el tercer producto. Además, la sentencia habla de la Ley Orgánica de Acceso a la Información, en el sentido de que un funcionario público no puede negarse, no puede perder la información. La persona o funcionario que trastoca este artículo es responsable, no solo civil y administrativa, sino también penalmente. Esto es un tema que conlleva una alta responsabilidad.
¿Qué es lo que van a coordinar como comisionados? ¿Con otras instituciones la entrega de documentación al perito, facilitar procesos?…
No obstante, esta tarea fluirá si hay acceso a la información, que el Gobierno levante cláusulas de confidencialidad, por ejemplo.
El perito ha dicho que él entregó ese tercer producto al presidente de ese comité, que en ese entonces fue el exministro de Justicia Lenín Lara y que lo que pasó con el general no fue un delito común.
Cuando se firma un contrato con el Estado hay responsabilidades por no cumplir. De lo que recuerdo, para tener un tercer producto se debía determinar en el segundo, si era delincuencia común o delincuencia organizada. Si era común hubiese quedado en dos productos. Entonces la Corte habla de tres productos y hablar de tres productos es avanzar a una conclusión o reducir a los posibles implicados para que la Fiscalía determine e investigue.
Incluso en el gobierno de Lenín Moreno hubo compromisos con la señora Patricia Ochoa para dar acceso a la información, pero tampoco se cumplieron.
Lo que se pidió al expresidente Moreno fue eliminar la cláusula de confidencialidad, pero con esta sentencia ya no hay esa cláusula. Cuando hablamos de violación a derechos humanos no se puede negar información, entonces este es un tema en el que no podemos hablar de confidencialidad.
¿Cómo hará la comisión para sortear los obstáculos de los mismos funcionarios estatales que pondrán cortapisas para denegar información?
No hacemos de jueces, lo que nos corresponde es preguntarle al perito sobre el tercer producto. Escucharlo. Hay toda la posibilidad de poder transparentar este caso. Nos queda esperar la intención y voluntad de Roberto Meza con el país, en plazos y tiempos. Por un lado, está también la seguridad del perito y observar si hay los elementos de información que hubo hace años. Hay que analizar si existe la posibilidad de reconstruir el tercer producto, porque si hubo una cláusula de no entregar una copia, se puede entender. Pero esto puede servir de insumo para futuras investigaciones y el perito nos informará a quién entregó el documento y ello se remitirá a la Fiscalía para que investigue. En la sentencia de la Corte se habla de las responsabilidades de los funcionarios que en su momento debían custodiar esa información.
Cuando fue asambleísta y conocieron estos hechos, por qué no hubo más resultados de las investigaciones y parecería que quedó en nada.
La comisión de la Asamblea entregó un informe de 136 páginas que se lo envió a la Fiscalía para que determine si existe responsabilidades; pero, ahora es la Corte la que ordena y hay que responder a los jueces. Creo que esta sentencia va a dejar un precedente importante, porque es la primera vez que obliga al Estado a responder. En la Asamblea faltaba documentación, había funcionarios que no recordaban y eso no abonaba para que la Fiscalía tenga insumos. Pero esta comisión tiene ese objetivo de observar lo que señala la Corte, que hubo una violación al derecho a la verdad. No queremos politizar el tema, queremos que sea lo más transparente para que fluya la información. La Corte habla de un tercer producto que no está completo, entonces se confirma la existencia de un tercer producto y obliga al Estado a responder.
En lo personal, ¿cómo asume este encargo?
Tengo una corazonada… En su momento veíamos tan lejano y ahora ver que hubo una respuesta de la Corte es como ver que se está caminando a que el Estado responda. Esta comisión tendrá que hablar con el perito y creo que habrá responsabilidades para dejar un precedente importante. No solo porque en su momento, como legisladora, conocí el caso, sino porque es importante que desde el Estado se implementen parámetros para evitar que haya ocultamiento de información. Con la sentencia de la Corte hay un fuerte sacudón, no solo para las instituciones, sino para dejar un precedente de qué pasaría si mañana se oculta información, ¿dejaríamos un delito en la impunidad? Esto trastoca responsabilidades civiles, administrativas y penales. Esto es dar una respuesta más amplia en no hacerle juego a la impunidad, no ocultar información y que el Estado no sea ciego y sordo frente al dolor de las víctimas. Porque si hay esta sentencia, es por los trece años de lucha de la esposa de Gabela, Patricia Ochoa. (I)
Fuente El Universo