Determinar si una campaña electoral ha recibido dinero ilícito de actividades como el narcotráfico es una acción que debe partir desde una denuncia ciudadana o del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que esta pueda abrir una investigación de inmediato o efectuar un acto urgente.
En caso de determinar responsabilidades penales se aplicará la justicia con sentencias que van desde los tres a trece años de cárcel, establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y, a su vez, sanciones en materia electoral como multas, destitución de cargos y pérdidas de derechos políticos y de participación por hasta cuatro años.
El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, ha denunciado públicamente a algunos precandidatos a diferentes dignidades en las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero de 2023 que estarían involucrados con el narcotráfico y que, por tanto, estarían recibiendo su financiamiento. Prometió dar más detalles en estos días y presentar oficialmente estas denuncias con sus respectivas pruebas en la Fiscalía.
Tales denuncias, explica Fabián Salazar, exfiscal de Pichincha, son analizadas por la Unidad de Lavado de Activos de la FGE. Al ser un delito autónomo se investigará a la par del delito principal, que es el narcotráfico, y al estar tipificados así las penas son acumulables.
Salazar dice que en el país existe algo que él ha denominado “delincuencia política organizada” y que en situaciones como las campañas electorales son el modo más fácil para blanquear capitales ilícitos.
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, indica que es competencia del órgano electoral controlar el origen y destino de los recursos que se invierten en una campaña electoral, mas no están facultados para investigar denuncias ya que no existe tipificación de este tipo de delitos en el Código de la Democracia.
Comenta que desde el inicio de la campaña electoral, 3 de enero de 2023, se abrirá una página web en la que las organizaciones políticas deben obligatoriamente reportar los nombres de los aportantes y valores de aporte quincenalmente.
Además, 90 días después de que esta concluya el CNE debe recibir de los partidos los informes económicos sobre los gastos en campaña.
Pita considera que “es más que seguro que lleguen ajustados a lo que establece la norma”. “Suponemos que van a reportar lo que está dentro de la Ley, si el origen del individuo no da para su aporte, es probable que se lo detecte cruzando información con el Servicio de Rentas Internas (SRI), entonces se van a cuidar muchísimo, esa información va a estar abierta al público y se puede empezar a cuestionar”, dice.
Sobre este cruce de información, Esteban Ron, analista político, subraya que actualmente en el Código de la Democracia, en la segunda disposición general, se establece que el CNE debe crear una Unidad de Coordinación para la Prevención de Aportes ilícitos en coordinación con la Fiscalía, las Superintendencias de Bancos y Compañías, y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
“Es un problema que el CNE no pueda sancionar y tenga que enviar al Contencioso o a la Fiscalía, no sé cuáles sean las atribuciones de esta unidad, pero ya debería estar en funcionamiento, el plazo para presentar el plan en la Asamblea era de 18 meses y ya fue presentado, tiene que estar en funcionamiento hasta el 2023, pero lo ideal hubiera sido que ya esté funcionando”, comenta, y dice que también el tema tiene que ver “con tener un poco de voluntad política”.
En cuanto a las competencias del CNE, Salazar menciona que se debe tener en cuenta que existe personal técnico y peritos para revisar los ingresos de dineros a los partidos y que ahí debe empezar un control más exhaustivo.
No es menos cierto que el CNE no está capacitado o no tiene la competencia de realizar una investigación, pero tampoco es menos cierto que cuando ya se denota una injustificación o hay una advertencia de dineros de que no puedan ser convalidados o validados tienen que correr una alerta de inmediato a la Fiscalía, que se agrava por tener el uso de instituciones públicas”, manifiesta, y añade que hay que tomar en cuenta que la delincuencia organizada se ha infiltrado no solo en el sistema político, sino también en el judicial.
Por su parte, Pita dice que es probable que exista dinero que no sea reportado y que se manifestará en regalos o gastos directos en territorios, por lo que reitera que la Fiscalía y la UAFE son las entidades llamadas a controlar esto.
“No podemos dejar de vernos en el espejo de Colombia y México, los recursos irregulares pueden no solo servir para promocionar una candidatura, sino también para desestimar a candidatos”, apunta.
La UAFE indicó que en junio y julio del año pasado notificó a los partidos y movimientos políticos nacionales como sujetos obligados a reportar y estableció entre los deberes de estos que deben contar con un Sistema de Prevención de Riesgos y Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, acorde a la normativa vigente, y con sujeción a los lineamientos que para el efecto establezca el CNE; la obtención del código de registro y la designación de un oficial de cumplimiento quien será el encargado de remitir el reporte de operaciones y transacciones individuales y el reporte de sus propias operaciones cuya cuantía sea igual o superior al umbral establecido por ley, así como el reporte de operaciones sospechosas (ROS) en caso de detectar transacciones inusuales e injustificadas.
Fuente El Universo