Salud

Investigados los gerentes de dos hospitales por un fraude en prótesis

Emitían recetas de caros productos ortopédicos para pacientes que, en realidad, ni siquiera lo sabían, no los necesitaban o incluso habían fallecido. Así se gestó un fraude masivo, en el seno del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz, que se ramificó hasta Sevilla y Málaga y que ahora ha desmontado la Guardia Civil. Tras meses de investigación, la denominada Operación Venel se ha saldado con 13 detenidos, nueve investigados y más de 250.000 euros defraudados. Entre los investigados se encuentran el director gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar, Rafael Pereiro, y su antecesora en el cargo, Mari Ángeles Prieto.

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Entre las 22 personas puestas a disposición judicial, además de Pereiro y Prieto, están los exdirectores económicos administrativos, una subdirectora de atención al usuario y varios médicos que ejercían en ambos centros hospitalarios durante el periodo investigado. Fuentes de la Junta en Cádiz han precisado que han sido detenidos dos funcionarios que trabajan como personal administrativo en el Hospital de Puerto Real. Se les acusa de varios delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal. El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha asegurado este jueves que tanto Pereiro como Prieto figuran como investigados debido a que son los responsables de la gestión de los hospitales, pero que “no han sido detenidos ni denunciados”. De hecho, ha precisado que la investigación partió de los propios gestores.

La investigación arrancó cuando la gerencia del centro detectó irregularidades en 2013. Una vez terminado el expediente administrativo, en octubre de 2015, se informó a la fiscalía. A instancias del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Real, agentes de la Guardia Civil descubrieron anomalías en la facturación de la prestación ortoprotésica prestada por el Hospital Universitario de Puerto Real, durante 2012, 2013 y el primer semestre de 2014.

La investigación detectó una trama organizada conformada por funcionarios del Servicio Andaluz de Salud del hospital de Puerto Real y titulares de ortopedias de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. Igualmente, se descubrió la existencia de una “gran cantidad de recetas emitidas” para la prescripción de material ortopédico que, una vez firmadas y selladas, terminaban en manos de las ortopedias que las rellenaban con datos de usuarios a los que se les había prescrito el material de manera ficticia. En total, desde el hospital de Puerto Real facturaron productos de ortopedia a nombre de 125 pacientes que desconocían que les hubiesen recetado ese material. Como explica la Guardia Civil, eran “productos de mayor o menor coste”, que iban desde piernas ortopédicas, sillas eléctricas o reparaciones de estas. Además de “la pluralidad de los casos delictivos detectados”, se descubrieron multitud de irregularidades administrativas que quedaban fuera del ámbito de la investigación policial.

Las pautas de la trama

De las 125 recetas fraudulentas había una serie de pautas que la trama solía repetir. Era el caso de prótesis de amputados a personas que manifestaron no haber recibido los productos. De hecho, en las recetas incluso hacían referencia a amputaciones distintas de las de estos artículos facturados. Igualmente, se prescribían prótesis a personas no amputadas, sillas o arreglos que no se hicieron.

También se duplicaron las recetas de artículos protésicos y se visaron y falsificaron firmas de auxiliares administrativos y facultativos. Como reconoce la Guardia Civil, “además del perjuicio causado al erario público”, una de las consecuencias más graves derivadas de esta práctica fue que se le negara material ortopédico a un paciente porque ya había sido retirado de forma fraudulenta usando sus datos.

La investigación de los agentes consiguió dar con recetas que ni siquiera existían en los registros informáticos, debido a que se había realizado un borrado de la base de datos de cargos y no existía documentación archivada en el hospital. De hecho, a mediados de la semana pasada, la Guardia Civil efectuó registros en una ortopedia de Jerez de la Frontera, donde requisó abundante documentación. En un primer momento detuvieron a dos funcionarios (miembros del personal administrativo) del hospital puertorrealeño y tres trabajadores de la ortopedia jerezana. En días sucesivos, la investigación elevó el número de detenidos a 13, repartidos en otras ortopedias de las provincias de Sevilla y Málaga. Ahora, la Guardia Civil da por cerrada la investigación y será el juzgado de Puerto Real el que determine el grado de responsabilidad de detenidos e investigados.

fuente.http://politica.elpais.com/politica/2017/02/02/actualidad/1486028498_109766.html

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