Inversiones impagas del Isspol suman USD 318 millones

El 12 de junio de 2015, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) compró la Hacienda Anchamaza, ubicada en Uyumbicho, al suroriente de Quito. Por el bien pagó USD 14,8 millones. La idea era construir 1 368 viviendas sobre las 26 hectáreas que conformarían el conjunto habitacional Praderas de Uyumbicho.

Cinco años y medio después, el terreno sigue sin lotizar. Sobre los pastos se pasea y alimenta una tropilla de jóvenes caballos. No hay rastros de vías ni de servicios básicos, ni recolección de basura ni líneas de transporte como se ofertó.

Sin embargo, el problema no es solo que el proyecto inmobiliario no haya despegado, sino que su valor catastral al 2021 es de USD 500 000. Es decir, 29,6 veces más barato que lo desembolsado. Ni quisiera el avalúo comercial pedido por el Isspol, de USD 3,5 millones, alcanza el precio pagado.

Según el Isspol, la compra de la Hacienda Anchamaza es parte de las siete inversiones de riesgo por USD 822 millones hechas por la antigua administración y cuyos directores están detenidos. De ese monto, seis operaciones registraron impagos por USD 318 millones, hasta enero.

El miércoles 24 de febrero del 2021 fueron procesados por peculado los generales de Policía en servicio pasivo Enrique E. y David P. También fueron imputados el exdirector de inversiones, Alfredo V., y el exdirector jurídico, Santiago D. Adicional, el viernes pasado, en Miami, Estados Unidos, fue detenido John L., exdirector de Riesgos.

Según la auditoría del Isspol, la compra de terrenos con aparente sobreprecio es solo el último de los siete mecanismos usados para concretar negocios que actualmente ponen en riesgo la liquidez de la entidad, pues el 59% de los activos de la institución.

El primer mecanismo que se empleó es la operación Swap, que incluyó la venta de deuda interna ecuatoriana por USD 327,3 millones, cuyos papeles estarían en poder de Ibcorp-Ehybf. La segunda operación se conoce como Bonos Pacto de Recompra, a través de la cual se invirtieron USD 216. Lo normal, según Juan Carlos Rueda, actual director del Isspol, era que esta transacción tenga un plazo de 180 días. Pero en este caso se extendió el plazo a 500 y 700 días, “sin ninguna base legal que lo justifique”.

El tercer mecanismo es la compra de bonos, en la cual se invirtieron USD 162 millones.

La cuarta fue la cesión de derechos fiduciarios por USD 60 millones, mientras que la quinta fue la compra de facturas comerciales negociables por USD 40 millones. Rueda explica que en este último mecanismo se invirtió en 38 empresas.

La anomalía está en que las compañías están relacionadas entre sí por los mismos accionistas o ya se encuentran en liquidación o intervenidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por sospechas de malos manejos.

El sexto mecanismo fue la adquisición de obligaciones, cuyo valor aún no está claro, y la séptima modalidad fue la compra de terrenos improductivos, como el caso de la Hacienda Anchamaza.

“Calificarlo como compra de riesgo es decir muy poco, aquí lo que existió fue una venta con sobreprecio”, indica Renato González, asesor de Planificación Estratégica del Isspol. Entre 2014 y 2015, la entidad consiguió, en Guayas, otros dos terrenos que hoy están improductivos. Los bienes se conocen como ‘Mapreco’, cuyo valor es de USD 800 000, pero se pagó 3,1 millones, y ‘Ambiensa’, avaluado en USD 900 000, pero se desembolsó 17 millones. Todos los terrenos tenían como objetivo desarrollar proyectos inmobiliarios. En el caso de Anchamaza, de las 26 hectáreas 15 están atravesadas por quebradas y son tierra improductiva.

Paúl Ocaña, defensor de Enrique E., responsable de esta operación, asegura que su cliente pidió un peritaje para demostrar que no hubo sobreprecio en los terrenos. También señala que su cliente ha presentado documentos de descargo en la Fiscalía, que demuestran que no era director cuando se realizó la operación de la venta de bonos de deuda interna. Él tiene siete investigaciones más en la Fiscalía.

En la denuncia contra Espinosa, hecha por Patricio Carrillo, comandante de la Policía, se indica que estas inversiones “han puesto en riesgo la estabilidad del ente”, cuya cobertura alcanza a 80 000 familias.

 

Fuente: elcomercio.com

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