Interpelantes argumentaron incumplimiento de funciones del Ministro de Trabajo

Las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, solicitantes del juicio político en contra de Andrés Isch Pérez, ministro de Trabajo, argumentaron documentadamente ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, el incumplimiento de funciones asignadas al funcionario en la Constitución y la Ley.

En el marco de la sesión 37 de la mesa de Fiscalización, la legisladora Marcela Holguín explicó cada una de las causales de juicio político que significan un evidente incumplimiento de funciones del Ministro de Trabajo, cartera de Estado llamada a defender los derechos de los trabajadores y que en el último año ha permitido que el desempleo llegue a niveles nunca antes vistos, facilitando la firma de acuerdos de finiquito con liquidaciones de miseria. “Este es el juicio de los trabajadores”, subrayó.

La asambleísta Holguín explicó que en el caso del conflicto laboral de la Empresa de explosivos Explocen C.A., el ministro no cumplió con lo que manda la ley, para garantizar el derecho a huelga de los trabajadores y, más bien, permitió que se den acciones, como la militarización de la empresa con el propósito de desalojarla, poniendo en riesgo la seguridad personal y la vida de los obreros.

Así mismo, faltó a la Constitución y la ley al negar el acceso a la información al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, en pleno escándalo de la entrega ilegal de los carnés de discapacidad, solicitándoles la entrega de requisitos que no están contemplados en la norma, cuando el funcionario púbico debe dar facilidades para el libre acceso a la información pública.

Insistió en que el ministro Isch se arrogó funciones al interpretar, sin tener facultad para hacerlo, la Ley de Apoyo Humanitario, en lo que atañe a la aplicación del artículo 169, numeral 6, del Código del Trabajo, sobre la causal de terminación de la relación por caso fortuito o fuerza mayor, desobedeciendo la misma reforma que clarifica cómo se determinan las circunstancias que dan lugar a esta causal. El ministro va más allá de su facultad y dispone que se entenderá como caso fortuito lo previsto en el artículo 30 del Código Civil.

De su lado, Marcela Aguiñaga argumentó que hubo incumplimiento de funciones en la falta de registro inmediato de la prohibición de ejercer cargo público de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, tras la censura y destitución dispuesta por la Asamblea Nacional, en clara violación de las leyes de la Función Legislativa y de de Servicio Público (Losep), pues no se trata de una decisión discrecional del ministro el registrar o no esta prohibición, debe hacerlo de manera imperativa y no en cualquier momento, sino tan pronto se notifica la destitución de un funcionario público.

En torno al incumplimiento de la Constitución y la Ley al no fijar el nuevo Salario Básico Unificado para el año 2021, congelándolo en 400 dólares, Marcela Aguiñaga subrayó que la norma contenida en la Disposición Transitoria Vigesimoquinta establece claramente que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. A más de congelar el Salario Básico emite un Acuerdo Ministerial que cambia la metodología para el cálculo del salario, dejando abierta la posibilidad de una reducción de este rubro, lo cual no tiene asidero legal alguno.

La legisladora Aguiñaga detalló uno a uno los documentos que adjunta como pruebas de cargo para demostrar el incumplimiento de funciones del ministro Andrés Isch, entre ellos, los pedidos de información formulados por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, oficios de respuesta del Ministerio, acuerdos ministeriales dictados por el ministro y solicitudes de información de la Defensoría del Pueblo.

“Los trabajadores no están solos y un ministro que se ha mostrado insensible ante los derechos de los trabajadores debería tener la decencia de retirarse de un cargo para el cual no está capacitado”, sentenció.

Pruebas de oficio

Al cierre de la sesión, los legisladores aprobaron las mociones de los asambleístas Mónica Brito y Esteban Melo, a fin de que convoque al organismo al experto económico Pablo Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales; al inspector del Trabajo, Byron Cabrera, así como al Director del Trabajo de Quito y al árbitro a cargo del tema del conflicto en Explocen.

También, a los exdirectores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Diego Andrade y Byron Villacís; a Andrés Chiriboga del Observatorio de la Dolarización; y María José Ponce Díaz, para que exponga sobre su desvinculación laboral, pese a estar en período de maternidad. Los otros invitados indicarán los efectos de la falta de fijación del nuevo Salario Básico Unificado para el 2021.

Tras agradecer la presencia de las asambleístas interpelantes, Elio Peña, titular de la Comisión de Fiscalización, expresó su solidaridad con las familias de las personas privadas de libertad asesinadas, como consecuencia de los amotinamientos ocurridos ayer, en tres centros carcelarios. “Este tipo de hechos horrendos no pueden repetirse en nuestro país”, enfatizó.

Fuente: Asamblea

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