Expulsión de venezolanos de Colombia: «No hubo ni presunción de inocencia»

La Clínica Jurídica para Migrantes, adscrita a la Universidad de los Andes, con sede en Bogotá, «trabaja por la población migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad en Colombia».

DW: ¿A cuántos de los venezolanos expulsados en noviembre de 2019 asiste la Clínica Jurídica?

Laura Dib: Nosotros llevamos 22 casos.

¿Ha aportado la Policía colombiana, o Migración Colombia, las evidencias de que estos ciudadanos venezolanos pusieron en peligro la seguridad nacional?

No. Justo acabo de hablar con la esposa de uno de los expulsados, quien me decía que Migración Colombia no respondió dentro de los 15 días de plazo que establece la ley para cumplir con un derecho de petición interpuesto por las familias y en el que la entidad debía exponer los presuntos hechos por los que las personas fueron expulsadas. La entidad debía allí presentar el acta o resolución de expulsión, un acto administrativo que debería ser público y que antes de una expulsión debe presentársele a los afectados, cosa que no sucedió.

Algunos hablan de deportación, otros de expulsión. ¿Cuál es aquí el término correcto?

El 1067, de 2015, el decreto único que reglamenta las relaciones exteriores en Colombia, establece una gradualidad de las sanciones contra extranjeros. De menor a mayor gravedad, las sanciones son multa, deportación o expulsión. Contra todas ellas se puede interponer un recurso en su contra.

¿Cómo se puede defender un ciudadano extranjero en Colombia de una acusación de las autoridades?

Un artículo sobre «otras causales de expulsión” del decreto 1067 – dentro de las que se contemplan las «causales discrecionales» – y que se refieren al orden público, la tranquilidad social y la seguridad nacional, no contempla un recurso de apelación.

¿Vulnera así Colombia los derechos de los ciudadanos extranjeros?

Argüyendo «discrecionalidad” y una decisión de «soberanía» en el caso de la expulsión de los 58 ciudadanos venezolanos, así como la del ciudadano Miguel Ángel Calderón Quintero el 17 de diciembre, Migración Colombia decide, al parecer, no respetar el debido proceso administrativo. Pero la falla viene de la misma norma que no prevé la defensa del amenazado con la expulsión.

¿Cuál es el caso de Miguel Calderón, expulsado poco antes de las protestas?

El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la organización no gubernamental Dejusticia y la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes denunciaron también esta expulsión el 17 de noviembre, basada en que grabó un video donde aparecía la calle donde vive del presidente Iván Duque. Para la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes la decisión de Migración Colombia fractura una unidad familiar, compuesta por un padre migrante con un permiso legal (PEP), una esposa colombiana y una menor de seis años, quienes se quedan atrás sin sustento porque era Miguel quien proveía todo lo del hogar.