Coordinadora DD.HH. denuncia prácticas dictatoriales en democracia paraguaya

Asunción.- La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) denunció este viernes que en el país «se siguen reproduciendo prácticas dictatoriales», a pesar de que este fin de semana se cumplen tres décadas de democracia, tras la caída del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).

El secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala, leyó un manifiesto en el que la organización aludía a esos comportamientos del pasado, con ejecuciones y torturas que «permanecen en la impunidad» y que ponen de manifiesto las carencias del país en derechos humanos.

El manifiesto lamenta que todavía no se haya podido «implementar un mecanismo efectivo que lleve a superar la impunidad de los crímenes cometidos», unido a «la falta de educación efectiva en derechos humanos».

No obstante, desde la Codehupy reconocieron que en Paraguay se han «registrado avances en un desarrollo legislativo» y que buena parte de la sociedad civil trabaja «con convicción y compromiso» para fortalecer la democracia paraguaya y evitar la historia se repita.

La dictadura de Stroessner, que se prolongó desde agosto de 1954 hasta la noche del 2 al 3 de febrero de 1989, dejó cerca de 20.000 víctimas directas y más de 400 desaparecidos registrados, de los que solo se han recuperado 37 cuerpos.

A eso se suman las torturas, abusos de mujeres y niñas, persecución, ataques a la población indígena y campesina, y las tierras apropiadas por los jefes de la dictadura.

Una serie de violaciones que el Estado paraguayo no termina de reconocer y condenar y que ahondan en las «grandes deudas que tiene el Estado paraguayo» con su pueblo, según señaló durante el acto el coordinador de la Mesa de Memoria Histórica, Antonio Pecci.

«Vivimos una democracia sin justicia social. La herencia del stronismo se manifiesta, sobre todo, en que no se ha avanzado en el caso de la justicia social», apuntó Pecci, que ve en este comportamiento una ausencia de «voluntad política».

Por su parte, María Estela Cáceres, de la Fundación Celestina Pérez de Almada, subrayó el hecho de que el actual Gobierno, presidido por Mario Abdo Benítez, no haya convocado ningún acto con motivo del 30 aniversario de la caída de la dictadura, mediante un golpe de Estado.

En ese sentido, Cáceres lamentó que el Ejecutivo haya olvidado su «deber memoria» para cumplir con el «derecho a la verdad» que merece la ciudadanía.

«Es el Estado el que debiera estar hoy rindiendo homenaje a las víctimas (…). Ante esa imposibilidad de cumplir, somos las organizaciones, las víctimas y los defensores los que estamos impulsando», puntualizó.

Recordó además que «el pueblo paraguayo siempre, siempre luchó por la libertad, resistió a la opresión y trató de construir su destino, arduamente».

En este aniversario, las víctimas lamentan la «hiprocresía» del Estado, como dijo en el mismo acto Enríque Benítez, que sufrió la tortura de sus familiares y la de él mismo, en su caso, ya en democracia.

Benítez exigió llevar «realmente a la práctica el compromiso de reparación» y que se reconozcan «los crímenes contra el pueblo».

Sobre el perdón y la reparación, el secretario ejecutivo de Codehupy matizó que «es casi imposible restaurar íntegramente lo que ya sucedió», pero el Estado sí puede garantizar «que no se vuelvan a repetir esos hechos».

Además, Ayala criticó la falta de pronunciamiento del Gobierno sobre la caída de la dictadura y manifestó que «es un indicador de que en la agenda del Estado hoy día no aparecen los derechos humanos».

Este acto también sirvió de homenaje a las personas que lucharon por la instauración de la convivencia democrática en Paraguay y que se encargaron de mostrar en el exterior la cara dictatorial del régimen de Stroessner, que se proyectaba en el extranjero como «una democracia sin comunismo» y que contó con aprobación internacional, dijo Pecci.

«Tenía un Parlamento que realizaba elecciones periódicamente y había fachada de legalidad democrática, pero fueron las organizaciones de la sociedad civil las que con manifestaciones demostraron que esto era una dictadura pura y dura, donde se aplicaba el terrorismo de Estado y protegía a criminales internacionales», explicó Pecci. EFE