Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Ministerio de Trabajo, del Servicio Nacional de Contratación Pública y del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador expresaron su apoyo al proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, iniciativa calificada como urgente en materia económica que se analiza en la Comisión de Desarrollo Económico.
Margarita Zuleta, experta del BID, destacó la importancia de la contratación pública en la adquisición de bienes y servicios orientados a mejorar la calidad del gasto estatal. Además, indicó que las compras públicas constituyen una herramienta clave para la creación de oportunidades, la formalización empresarial y la mejora de las condiciones de vida de la población.
Julio Martínez, ministro del Trabajo subrogante, resaltó que la iniciativa busca transformar integralmente los procesos de contratación mediante una administración eficiente, ágil y orientada a resultados. Manifestó que, desde su cartera, reconocen que la optimización de la gestión pública fortalece a las instituciones y mejora los servicios ofrecidos a la ciudadanía, asegurando su prestación oportuna y transparente. Agregó que la calidad de la gestión pública depende en gran medida del desempeño y compromiso del talento humano, para lo cual se requiere personal capacitado y alineado con los objetivos institucionales.
Explicó que esta cartera de Estado evaluará su desempeño interno semestralmente, considerando indicadores de eficiencia, resultados institucionales y calidad del servicio brindado tanto a usuarios internos como externos. “Esta evaluación incluirá también la eficiencia en la contratación pública, conforme a los criterios establecidos en el reglamento respectivo”, precisó.
Desde el sector privado, Patricia Carrillo, experta en contratación pública, subrayó la necesidad de una ley que vaya más allá del ahorro para el Estado, con un enfoque centrado en la calidad de los bienes y servicios contratados. Afirmó que este indicador debe ser tan prioritario como el ahorro económico, y explicó que, al enfocarse exclusivamente en el menor precio, se corre el riesgo de incurrir en errores por deficiencias en los productos o servicios.
Carrillo también resaltó la importancia de reducir los tipos de contratación y resumir las reformas en principios de dinamismo. Propuso simplificar conceptos para facilitar su comprensión, derogar normativa secundaria innecesaria, entre otras sugerencias.
Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, respaldó la necesidad de innovar y fortalecer la gestión pública. Señaló que se requiere mayor transparencia, evaluación de la gestión, especialmente en el ámbito de la contratación pública, y una actualización de las plataformas tecnológicas que la sustentan.
Carlos Mora, secretario ejecutivo del mismo gremio, consideró la propuesta interesante, aunque sujeta a mejoras, aclaraciones y complementaciones. Recalcó que el principio de calidad es fundamental en los procesos de contratación y compras públicas: “La calidad de los proveedores es muy importante para brindar bienes y servicios que beneficien a la ciudadanía”, afirmó.
Tras cada intervención, los comparecientes respondieron a inquietudes de los legisladores, entre ellas: cómo garantizar la participación de pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación; experiencias exitosas en Latinoamérica que puedan servir de referencia; y cómo asegurar que la obligación de actualizar el sistema cada dos años tenga un impacto real en la contratación pública, entre otras interrogantes.
Fuente: Asamblea Nacional
