Política

Inicia indagación previa contra Prefecto de Manabí y su hijo por supuesta delincuencia organizada

Luego que el Consejo de Participación Transitorio presentó una denuncia contra Mariano Zambrano Segovia, Prefecto de Manabí, y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, por supuesta delincuencia organizada, el Fiscal General encargado, Paúl Pérez Reina, citó a los dos acusados para que rindan sus versiones este 4 de julio. Además, debe acudir el procurador judicial del Consejo Transitorio, Byron Pacheco.

María Arboleda, secretaria técnica de transparencia y lucha contra la corrupción del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, quien presentó la denuncia, explicó que según las investigaciones realizadas en el Consejo transitorio, los funcionarios habrían incurrido en otros delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, perjurio, testaferrismo y lavado de activos.

Indicó que en el periodo 2011 y 2015 presuntamente se cometieron estas irregularidades. Además, manifestaron que al ser funcionarios públicos con fuero de corte nacional, pedirán que se lleve la investigación desde Quito porque, según arboleda, “en la diligencias que hemos hecho en Manabí no está garantizado el proceso. El escenario allá es contaminado”.

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, rechazó las acusaciones en su contra y considera que ha sido difamado y calumniado «por personas que solamente tienen odio en sus corazones».

El hijo del Prefecto y asambleísta Mariano Zambrano Vera también rechazó las denuncias de Arboleda y recalcó que “en nombre del Consejo se han permitido juzgarnos de manera pública, adjudicándonos hechos reñidos con nuestros  principios”.  Por ejemplo, dijo, “jamás he transferido quince millones de dólares en mi vida, jamás hemos constituido una red de delincuencia organizada, y estas son solo dos de las acusaciones temerarias que realizaron”.

El anterior Consejo de Participación Ciudadana también emitió un informe en el que señaló que el Prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, su esposa, hijo y otros familiares serían propietarios de empresas que han tenido contratos por el Estado por hasta 73 millones de dólares.

(PP)

Fuente: La Hora, EcuadorInmediato, Ecuavisa

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