La Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control conoció la documentación sobre la Evaluación Global del Presupuesto General del Estado, períodos enero – diciembre 2024 y octubre – diciembre 2024; y, el informe no vinculante de Ejecución del Presupuesto General del Estado de los mismos períodos, remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de efectuar el análisis previsto en la Constitución y la ley.
De inmediato, la mesa legislativa estableció el cronograma de trabajo que concluirá con la aprobación del informe, dentro de los 30 días que prevé la norma, es decir hasta el 14 de abril. Para el estudio de los informes semestrales enviados por el Ministerio de Finanzas, la Comisión recibirá comparecencias de las ministras y ministros de Estado de los frentes económico, social, de desarrollo y de seguridad; así como de los titulares de los entes rectores de Planificación y Educación Superior. También se invitará a la Contraloría General del Estado y a expertos en materia presupuestaria.
Código Monetario
En otro orden, los legisladores escucharon a la doctora Paola Gachet, socia de Lexvalor, quien expuso sus observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, en el marco del estudio previo a la elaboración del informe para segundo debate. Si bien la experta calificó de loable la intención del Legislativo, alertó que los cambios propuestos en lo que se refiere a la condonación de deudas y la obligación de diferimiento de los pagos, cuando existan condiciones económicas que lo justifiquen, el efecto sería contrario a lo que se pretende y afectaría al sistema financiero en su conjunto.
Recordó que, tanto la condonación, como el diferimiento de pagos son estrategias que se pueden aplicar en circunstancias excepcionales. Sin embargo, incorporar en la ley verbos rectores que los convierten en obligatorios y no como ocurre ahora, que se permite como una posibilidad, equivaldría a crear una cultura del no pago de las obligaciones crediticias en la banca pública y privada.
Igualmente, se mostró contraria a establecer en la ley que el patrimonio técnico de los bancos será del 8 %, puesto que este respaldo en capital para el mantenimiento de las operaciones de los bancos responde a la realidad económica del país, de allí que el 6 % que determinó la Junta de Política y Regulación Financiera es un valor que se ajusta a las condiciones reales de la economía y puede ser modificada hacia arriba o hacia abajo, según la evolución de las variables macroeconómicas. Por tanto, definir el patrimonio mediante ley sería inadecuado, dada la dificultad de promover una reforma, en caso de necesitarla.
La doctora Gachet recomendó que se revisen varios de los artículos propuestos y se encuentren los mecanismos más adecuados para atender el requerimiento de quienes por factores adversos como inundaciones, deslaves y otros fenómenos pueden perder su capacidad de pago y necesitan reestructurar sus deudas, pero no llegar al extremo de generar la condonación o el diferimiento como un derecho y configurar una cultura de no pago de obligaciones, lo cual sería contraproducente para el sistema financiero nacional.
Fuente: asambleanacional.gob.ec
