Incremento de presupuesto y contratación de personal, los retos del Gobierno nacional para la aplicación de la ley de salud mental

El incremento del presupuesto y la contratación de profesionales de psicología y especialistas de psiquiatría en el sistema de salud pública son los principales retos que tiene por delante el Gobierno de Daniel Noboa para la correcta aplicación de la ley sobre salud mental, advierten dos legisladores integrantes de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

Aprobada el 14 de diciembre de 2023, al Ejecutivo le quedan cuatro meses para entregar el reglamento para la aplicación de esta ley que vincula al sistema de salud mental dentro del sistema rector de salud nacional.

La normativa ampara el ejercicio del derecho a la salud mental en todo su ciclo de vida y para ello el Estado debe garantizar una atención integral en la red pública de salud.

Camilo Salinas, jefe de bancada del movimiento Construye, explicó que en toda ley nueva debe haber un impacto presupuestario que tiene que ser siempre favorable de acuerdo al funcionamiento y cumplimiento de la ley por aplicar.

“Si hablamos de que es una ley en donde se debe fortalecer el sistema de salud pública en el ente de promoción, prevención y en intervención en salud mental, es lógico que debe contratar más personal teniendo en cuenta que se requieren 3.200 psicólogos en el sistema de salud”, indicó.

Según cálculos de Salinas, en el sistema de salud existe una brecha de 1.400 psicólogos, por falta de partida presupuestaria; además, la especialidad de psiquiatría no tiene ni un 30 % en actividad en los diferentes hospitales, lo cual denota la necesidad de contratar de manera urgente profesionales de esta rama.

En síntesis, el legislador de Construye identificó que talento humano e infraestructura son las principales falencias que tiene el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Gobierno nacional.

“Yo creo que un impacto presupuestario para poder mejorar los centros de atención ambulatoria y los centros de atención en internación se podría establecer que se requieren entre $ 100 millones y $ 150 millones como un tope inicial para poder establecer ya un plan de acción prioritario en esta ley, teniendo en cuenta que hay que contratar a los profesionales que faltan y fortalecer diferentes infraestructuras nuevas en los centros de internación”, destacó.

Y, hasta que se cumpla el plazo de la elaboración del reglamento, recomendó a la administración de Noboa buscar fuentes de financiamiento y darle prioridad recordando que en noviembre de 2023 derogó la tabla de consumo de drogas. “Eso contemplaría también una prioridad de poder intervenir en profesionales y personal capacitado para que la derogación de esta tabla no sea más bien una nueva pandemia de personas que comiencen a consumir y que no tenga dónde poder asistir en un centro asistencial ambulatoria o de internación”, remarcó.

En 2023, el MSP contrató a 179 profesionales de salud, entre psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. E invirtió $ 27 millones ejecutables hasta 2025 en el Proyecto de Desarrollo de la Estrategia para el Abordaje Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud Mental, en todos los niveles de atención, señala el informe de gestión del expresidente Guillermo Lasso.

El legislador independiente Ferdinand Álvarez sugirió que la ley puede tornarse inejecutable si el Ejecutivo no cumple con las necesidades del MSP, como el incremento del presupuesto para la viabilidad de la normativa.

“Como todos sabemos uno de los graves problemas es el presupuesto. Yo lo advertí en su momento: el hecho no es tener una bonita normativa publicada, sino más bien que el Ejecutivo brinde todos los mecanismos necesarios para el presupuesto. El tema del presupuesto va a ser un problema ahí”, mencionó.

Por eso, agregó que el Gobierno de Daniel Noboa tiene que realizar ajustes prioritarios porque dentro de la normativa “se establecen ciertas obligaciones al Ministerio de Salud Pública, que la única forma de cumplirlas va a ser necesariamente teniendo recursos”.

También reconoció que las consecuencias del conflicto armado interno -declarado el pasado 9 de enero- y las necesidades económicas del país le hicieron temer en un posible retraso de la aplicación de la ley. No obstante, dijo que los índices que refleja el mismo MSP en cuanto a la salud mental y suicidios que han existido en el país son “verdaderamente alarmantes”.

En ese sentido, valoró: “Comprendo que el Ministerio de Salud Pública ha fijado a la salud mental como una política pública preventiva de urgencia, para que esta normativa, ahora que entra a ayudar junto con reglamentos, se viabilice”.

En la ley se prevé la coordinación con todas las carteras del Estado, relacionadas con salud mental, el desarrollo de conceptos como derecho de información suficiente, autonomía de la voluntad, consentimiento libre e informado, así como también desarrolla el establecimiento de un Plan Nacional de Salud Mental en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados.

Lo importante de este proyecto, añadió Camilo Salinas, son las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para poder ayudar en el plan nacional de salud mental y poder invertir en la necesidad de atención que existe. En esta ley se otorga a los GAD la potestad de intervenir financieramente construyendo espacios físicos llamados de desintoxicación o espacios como los centros de atención ambulatorios de internación para pacientes que tienen problemas de drogas.

“Además, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) como ente de inclusión deberá formar parte de este reglamento para que también ellos aporten y ayuden a la captación y en el tratamiento adecuado de las problemáticas de salud mental en el país”, agregó el asambleísta.

Espíritu de la ley

La ley está orientada a fomentar las prácticas de vida saludables en cada uno de los ciclos de vida del ser humano, sus familias y la comunidad, a través de programas y planes de promoción, prevención y protección de la salud mental.

Además, pretende garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos para los usuarios que los necesiten, mediante políticas de aseguramiento y cobertura en el sector público y privado.

La ley de salud mental consta de 74 artículos, 12 disposiciones generales, ocho transitorias y una disposición final.

Tras la pandemia por el COVID-19 en el país aumentaron los casos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, tasas de suicidio, consumo de alcohol u otras sustancias y las situaciones de violencia, por lo que surge este marco legal que atiende los problemas mentales. (I)

Fuente: El Universo

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