El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Hernán Ulloa, dijo este lunes 15 de agosto de 2022 que hay injerencia de la Asamblea Nacional por posesionar a Raúl González como superintendente de Bancos. A decir del funcionario, el hecho se convierte en una designación del Legislativo.
“Si existe una sentencia constitucional que declara nula la resolución de designación, no existe razón jurídica alguna para que la Asamblea Nacional haya procedido a posesionar, con una resolución que no tiene efectos jurídicos, al ingeniero Raúl González como superintendente de Bancos”, manifestó Ulloa ante los medios.
El titular del Consejo sostuvo que lo hecho por el Legislativo agrava la crisis institucional y que “de haber actuado de esa forma, ellos (los asambleístas) han tomado la responsabilidad y decisión de designar a esta autoridad sin que el Cpccs, que se encuentra en trámite de una nueva terna para la designación del Superintendente de Bancos, se haya pronunciado al respecto. Por eso esto implica una injerencia directa al Cpccs y sus funciones”, señaló el titular del Consejo.
El Cpccs emitió la resolución de designación de González el 20 de julio, pero quedó sin efecto cuando la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, así lo resolvió en su sentencia del 1 de agosto. Ulloa aseguró que su institución se apega a lo dispuesto en esa resolución: que se solicite una nueva terna al Ejecutivo y a partir de ella se tramite un nuevo proceso para la designación.
Ulloa habla de argumentos legales contra la posesión
No es posible incumplir la decisión de Ibarra, Jueza de primera instancia, mientras se resuelve el caso en la Corte Provincial del Guayas, aseguró Ulloa al recordar que el Cpccs apeló el fallo. Para esto se basó en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Logjcc). Esta establece que “la interposición del recurso (de apelación) no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada”.
Si hay incumplimiento existen riesgos de destitución e infracción penal, manifestó el funcionario. Por ello, insistió en que lo que corresponde es que el equipo técnico del proceso remita el informe de revisión documental de la terna para que el Pleno realice la nueva designación. En ese sentido, envió el 14 de agosto un comunicado con el criterio jurídico del Consejo a las autoridades de otras Funciones. Allí indica que “esa posesión no debió darse”.
Mientras el nuevo proceso concluya, Guadalupe Cabezas seguirá a frente de la Superintendencia de Bancos como subrogante.
Corte Provincial de Guayas definirá la apelación
Ulloa señaló que su objetivo no es confrontar con otros poderes del Estado. Sin embargo, ve que la “única solución” es respetar la Logjcc que somete a los funcionarios e instituciones, como la Asamblea, al control constitucional y utilizar los recursos constitucionales como la apelación si hay desacuerdo con la sentencia de Ibarra. O a su vez, la presentación de amicus curiae. Evitó opinar sobre posible destitución de legisladores.
La resolución que emita la Corte Provincial del Guayas será de última instancia. “Ante la posibilidad de que la Corte resuelva en contrario de lo que resolvió Jueza de primer nivel, me veo abocado a respetar dicha decisión”, aseguró el titular del Cpccs.
Por otro lado, Ulloa dijo que desconocía sobre el operativo policial que mantiene cercado a los edificios de la Superintendencia de Banco en Quito y Guayaquil. No obstante, aclaró que, según el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Jueza puede disponer la intervención de la Fuerza Pública para que se ejecute la sentencia.
Respecto a la coincidencia de los comunicados del Cpccs y del Ejecutivo difundidos el 14 de agosto, Ulloa sostuvo que su posición actual es la misma desde el 11 de agosto. Así justificó que el silencio se debió a un “acto de prudencia” mientras se analizaba la situación al interior del Consejo.
Fuente: El Comercio