Hay cuatro procesos legales en curso derivados de las incautaciones a los exdueños del Filanbanco

Cuatro procesos judiciales se han derivado de las incautaciones a los bienes inmuebles y compañías que les pertenecían a los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, exdueños del Filanbanco. Estos se ventilan en cortes nacionales e internacionales. En tres de ellos los demandantes son los exbanqueros y en uno lo es el Estado ecuatoriano.

Las incautaciones se realizaron en julio del 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. Fueron ejecutadas por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) con el propósito de cubrir un “hueco patrimonial” de $ 661 millones determinado por una auditoría al banco efectuada por la firma Delloite & Touche y que fue avalada por la Superintendencia de Bancos.

Al año siguiente, la AGD planteó una demanda contra los Isaías en la Corte del Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, para también llegar a sus bienes en ese país, en donde residen desde el 2000.

En su sitio web, la Procuraduría General del Estado —que sustituyó a la Agencia en el caso— reseña que “la demanda se fundamentó en la Doctrina de Actos de Estado, que consiste en considerar válidos en el territorio de un Estado extranjero (en este caso, Estados Unidos) los actos emitidos por otro Estado en su territorio (en este caso, Ecuador). Con base en esta doctrina, en la demanda se solicitó que las cortes de los Estados Unidos apliquen las decisiones adoptadas por el Ecuador en relación con la responsabilidad de los hermanos Isaías”.

La primera jueza del caso se pronunció en dos ocasiones sobre la Doctrina de Actos de Estado señalando que no le competía revisar la legalidad de los actos soberanos de Ecuador.

Pero el tercer juez que conoció la causa rechazó en el 2013 la aplicación de Doctrina de los Actos de Estado. Y resolvió que las resoluciones de las autoridades de Ecuador eran inconsistentes con las normas y principios de EE. UU., por lo cual negó la demanda.

La Procuraduría apeló; el caso subió a la Corte de Apelaciones, que le dio la razón a Ecuador y le dispuso al juez que decida sobre el fondo del pedido. Este nuevamente rechazó la demanda. Y el Estado volvió a apelar. La última audiencia del caso se realizó el pasado 10 de mayo.

Ya para el 2012, los Isaías llevaron su caso al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU); cuatro años después, este concluyó que el Estado había violado sus derechos al no permitir que interpusieran demandas constitucionales contra las resoluciones de las autoridades económicas y que, por tanto, debían ser resarcidos. La Procuraduría ha alegado que este dictamen no era vinculante para el país.

Sin embargo, con base en aquel fallo, el abogado de los exbanqueros, Jorge Zavala Egas, planteó en el 2018 una acción de medidas cautelares para evitar la enajenación y venta de los bienes y compañías, la cual fue aceptada y estuvo vigente durante cuatro años.

Los hermanos Isaías exigen la devolución de los bienes incautados por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en julio de 2008. Foto de Archivo

A inicios de este año, la Procuraduría, el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, más conocida como Inmobiliar, pidieron al juez del caso, Johnny Lituma, que levantara dichas medidas cautelares.

Lituma resolvió el tema convirtiendo la acción de medidas cautelares en una acción de protección para determinar si hubo o no vulneración de los derechos de los Isaías. Y como concluyó que sí la hubo, el pasado 10 de mayo dispuso que se devuelvan los bienes incautados a sus dueños originales, a excepción de los que ya se han vendido, en cuyo caso se establecerá un precio justo sobre aquellos; y que se pague una indemnización por los daños causados.

La Procuraduría y las otras entidades apelaron verbalmente. El plazo para hacerlo por escrito vencía el pasado 19 de mayo.

Según Zavala, este es el proceso más importante referido al tema y del cual se espera una pronta resolución.

En diciembre del año pasado, asimismo, Ricardo Noboa, abogado de los Isaías en temas civiles, interpuso una demanda contra el Estado ecuatoriano, a través de cuatro instituciones en principio, pero luego la amplió a una más. Estas son la Procuraduría General, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, Inmobiliar y la Unidad de Gestión y Recuperación de la Presidencia.

Sus clientes piden una reparación económica por $ 2.000 millones, cifra que se basa en tres rubros: la lista de activos incautados que fueron avaluados en $ 1.548 millones dentro de juicios de insolvencia que inició la AGD en contra de los Isaías, los intereses que esos bienes han dejado de producir desde el 2008 y los bienes pagados a los abogados norteamericanos en los últimos quince años, que ascienden a $ 25 millones.

Un cuarto proceso se inició a inicios de este año: se trata de otra acción de medidas cautelares que interpuso en Durán (Guayas) el jurista Leonardo Stagg para evitar que el Ministerio de Agricultura venda terrenos incautados “a precios irrisorios”.

Stagg habla, por ejemplo, de la adjudicación de 210.786 hectáreas situadas en el sector Las Mercedes de los cantones Durán y Yaguachi, por $ 7.588,39, es decir, a $ 36 por hectárea de predio agrícola con futura expansión urbana.

“Lo anterior no constituye un acto de generosidad que tiene el Ministerio de Agricultura con los agricultores, que son las bases productivas de este país; al contrario, el adjudicatario es un potentado empresario, y no una organización de la agricultura familiar campesina (a favor de quienes se prevé esa posibilidad). La acción de protección tiene como objeto impedir y dejar sin efecto estas lesivas ventas y proteger los intereses del Estado y de los Isaías. Con estos bienes, ilegal e irregularmente vendidos, ha pasado lo mismo que ocurrió con otros bienes incautados que se volvieron presa de intereses y negociados”, indica el abogado.

La jueza de la causa rechazó la acción de protección, pero esta decisión fue apelada. Stagg se halla a la espera de que el Tribunal fije fecha y hora de la audiencia.

Los Isaías fueron procesados por supuesto peculado bancario en los manejos del Filanbanco y fueron sentenciados a ocho años de cárcel en tres instancias: en el 2012, en el 2014 y en el 2016.

Pero en el 2018, Zavala planteó un recurso extraordinario de revisión, el cual fue resuelto a su favor en el 2021 declarando su estado de inocencia. En ese fallo se prohíbe expresamente que ellos pidan reparaciones económicas derivadas de este caso.

Zavala y Noboa han señalado que los casos de medidas cautelares y la reparación económica de $ 2.000 millones nada tienen que ver con el proceso penal.

Fuente: El Universo

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