El concurso de renovación parcial de la Corte Constitucional, en el que tres de sus nueve jueces serán reemplazados, avanza lentamente. Tras la demora en la integración de la comisión calificadora, el cronograma del concurso determinó que los tres nuevos jueces serán nombrados en abril próximo.
Los nuevos jueces debían ser nombrados hasta febrero de 2025, pues en ese mes se cumplen seis años de la posesión de los magistrados que reemplazaron a los destituidos por el Consejo de Participación Transitorio. Sin embargo, la comisión calificadora tuvo problemas para instalarse.
El pasado 10 de octubre, la comisión calificadora aprobó el reglamento del concurso y ofició a las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social para que envíen, cada una, tres postulantes para este concurso.
Quienes resulten mejor puntuados de entre estos nueve postulantes reemplazarán a tres de los nueve actuales jueces de la Corte Constitucional. Los tres magistrados que dejarán el cargo serán designados por sorteo, de entre los seis jueces que fueron posesionados en febrero de 2019: Carmen Corral, Teresa Nuques, Daniela Salazar, Alí Lozada, Enrique Herrería y Karla Andrade.
La primera renovación parcial de la Corte se llevó a cabo en 2021, en la que tres jueces ya fueron reemplazados.
Las calificaciones
La comisión calificadora derogó el reglamento que normó la anterior renovación parcial, y cambió la forma en la que serán calificados los postulantes en su nuevo reglamento. Por ello, en este concurso, las calificaciones serán así:
Méritos: 30 puntos.
Oposición (llamada valoración de conocimientos): 70 puntos, distribuidos en 35 puntos para la prueba oral y 35 puntos para el examen escrito.
En la fase de méritos, se calificarán dentro de la formación profesional los títulos y grados académicos, las charlas, cursos, talleres y seminarios dictados o a los que el postulante asistió, y la publicación de libros o artículos académicos. Dentro de esta misma fase, se evaluará la experiencia profesional, magistratura y docencia.
En la experiencia profesional, se fijó otorgar un punto por cada garantía jurisdiccional que el postulante haya patrocinado como accionante o demandado, en la que haya intervenido en audiencia pública.
En cuanto a la prueba escrita, el reglamento establece que estará “compuesta por preguntas casuísticas escogidas al azar y elaboradas previamente, que privilegiarán el razonamiento y los conocimientos prácticos por sobre la memoria”. No dice cuántas preguntas tendrá ni quien elaborará el banco de preguntas.
Sobre la prueba oral, el reglamento dice que “tendrá como finalidad establecer la aptitud del candidato para sustentar oralmente sus conocimientos jurídicos y prácticos y, su idoneidad jurídica para ejercer la magistratura”. Tampoco da más detalles sobre esta etapa y su calificación.
Fuente: PRIMICIAS
