El presidente Guillermo Lasso remitió una carta formal a Diana Salazar, Fiscal General del Estado, para que inicie investigaciones contra seis asambleístas y un asesor por presunta concusión. Habrían solicitado beneficios económicos para favorecer al proyecto de Ley de Inversiones.
El Presidente revela en esta carta los nombres de cinco legisladores que habrían incurrido en el presunto delito.
“He sido informado que, durante el mes de marzo de 2022. en una reunión de carácter político mantenida por colaboradores de este despacho con los asambleístas Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, por asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley (de Inversiones), aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley”, señala el Jefe de Estado en la carta.
Lasso califica al hecho como “gravísimo” por lo que no puede “permanecer silente”. Justifica que, de lo contrario, traicionaría sus obligaciones como Presidente de la República, “así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”.
Además, “callarme constituiría una infracción penal, tipificada en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal”, agregó.
Esa norma establece una sanción de prisión de 15 a 30 días para el servidor público, que al tener información de una infracción no lo ponga en conocimiento de las autoridades.
Cumplo con mi obligación moral, política y legal de poner en su conocimiento lo anterior, a efectos de que en ejercicio de sus competencias inicie las investigaciones que corresponden, con arreglo a la ley”, instruyó a la Fiscalía.
También menciona en el documento que el artículo 127 de la Constitución prohíbe a los asambleístas “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas”.
Añade que el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como concusión. sancionada con hasta cinco años de prisión, a funcionarios que “(…) exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos, gratificaciones no debidas”.
Este mismo día, Lasso también remitió carta formal al Servicio de Rentas Internas para que investigue una presunta defraudación tributaria de Xavier Hervas, líder de la Izquierda Democrática.
EC