El procurador general de la nación, Julio Saavedra, junto con el ministro de Salud, Óscar Cordón, indicó que al menos tres delitos podrían haberse cometido: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.
Bajo un manto de total secreto, el gobierno de Giammattei negoció la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik, de las cuales solo la mitad habrían sido pagadas y recibidas. Alarmantemente, cinco millones de estas dosis habrían caducado antes de su utilización.
Saavedra reveló que el contrato, redactado en inglés, lo cual va en contra de las leyes del país, fue firmado con un intermediario que no era el fabricante de las vacunas, violando así el acuerdo establecido por el gobierno para garantizar la transparencia en las compras durante la pandemia.
La entidad intermediaria, LLC Human Vaccine, firmó el contrato junto con la entonces ministra de salud Amalia Flores, quien es una de las denunciadas. Saavedra enfatizó que este proceso fue abusivo y en detrimento del Estado.
Además, el funcionario informó que el Ministerio de Salud autorizó el pago de regalías a la entidad intermediaria, lo que resultó en un pago de más de 80 millones de dólares, a pesar de que el contrato estipulaba un límite de indemnización de 100.000 dólares en caso de demanda por parte del Estado.
