La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de cinco integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Los acusa del supuesto delito de arrogación y usurpación de funciones.
El recurso fue presentado la tarde de este viernes 8 de abril de 2022, en calidad de asambleísta, dos días después de la sesión del CAL en la que su presidencia fue apelada, con cinco votos a favor de entre sus siete integrantes.
La acción es en contra del primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID), y los vocales Darwin Pereira (PK), Ronny Aleaga (Unes) y Johanna Moreira (ID), quienes formaron una nueva mayoría en el CAL.
Llori rechazó que el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, pretenda convocar al CAL para el próximo lunes para calificar las denuncias que por supuesto incumplimiento de funciones fueron presentadas por asambleístas del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y una por Gruber Zambrano (exPSC), con el respaldo de Pachakutik.
Llori rechazó que el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, pretenda convocar al CAL para el próximo lunes para calificar las denuncias que por supuesto incumplimiento de funciones fueron presentadas por asambleístas del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y una por Gruber Zambrano (exPSC), con el respaldo de Pachakutik.
“No podían revisar las denuncias (en la sesión del miércoles), por cuanto se encontraba en la etapa, en manos y en competencia de la Presidencia de la Asamblea Nacional”, explicó Salazar.
Agregó que “hay un plazo de tres días para conocimiento de estas denuncias en el seno de la Presidencia de la Asamblea y durante estos tres días se cometió este presunto delito, en el sentido de que un miembro del CAL mocionó un cambio en el orden del día que fue discutido, tratado y debatido por los señores del CAL y en un momento dado se dieron cuenta de que existía un problema: los documentos no estaban en competencia del CAL”.
Salazar recordó que el delito de arrogación y usurpación de funciones se sanciona con una pena de 1 a 3 años de prisión y que la inmunidad parlamentaria no aplica en la etapa de investigación previa de la Fiscalía ni tampoco aplica para delitos flagrantes.
Medidas cautelares
Mientras tanto, Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik, solicitó al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que se revoquen las medidas cautelares concedidas a Llori el martes pasado, que impidieron al Pleno debatir la conformación de una comisión ad hoc que evalúe al CAL, sin denuncia previa.
A su vez, Vanegas demandó sanciones para los jueces que emitieron este fallo. Una acción similar anunció la bancada del PSC.
Fuente: El Comercio