La pregunta 1 de la consulta popular, sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, era la más cercana a lo que la población podía asimilar como una medida directa a sus necesidades: reducir los índices de delincuencia.
La Corte Constitucional (CC) dijo que el cambio propuesto no puede hacerse mediante una enmienda. Propuso que la vía podría ser, al menos, una reforma parcial. Eso significa que en el proceso estaría involucrada la Asamblea.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha renunciado del todo a esa intención. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que la opción que tomarán será una reforma legal. Esta se consultaría en el referéndum, pero ya no como un cambio a la Constitución.
Lo que sí ha descartado el Gobierno es recurrir a las reformas parciales. Según Jiménez, es un procedimiento distinto y para eso ya no hay tiempo. Por ello, analizan la reforma legal porque consideran que la consulta estaría incompleta sin esa pregunta.
Jiménez señaló que la segunda alternativa es la reforma legal. Sin embargo, no anticipó en qué consistiría ese planteamiento.
Lo que sí dijo fue que esta sería parte de las tres preguntas adicionales que presentarán a la CC, una vez que tengan una respuesta sobre el nuevo intento de enmienda para quitarle al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) su facultad de designar autoridades.
Los limitantes
Dos expertos en Derecho Constitucional coinciden en que el margen que tiene el Gobierno para introducir ese cambio es muy limitado. Ximena Ron señala que si la propuesta va en el sentido de permitir a las Fuerzas Armadas colaborar con la Policía en el orden interno, fuera de un estado de excepción, se necesita forzosamente modificación constitucional.
Muñoz plantea que la decisión de la CC fue clara. Esto porque la intervención de las FF. AA. se permite en casos excepcionales, por ejemplo, mediante la figura del estado de excepción. Y aún con esa posibilidad, su labor debe ser regulada, controlada y fiscalizada.
El antecedente
La propuesta para la consulta popular no es la primera que ha buscado ampliar el rol de las Fuerzas Armadas. El Gobierno ya buscó su participación con la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza que fue aprobada en la Asamblea.
Introdujo la figura de estado de emergencia. Quería que exista una coordinación entre la Policía y las FF.AA. para enfrentar escenarios complicados sin recurrir a la restricción de derechos que implica el estado de excepción.
La propuesta original era que ese estado de emergencia podría durar 90 días y ser renovado en dos ocasiones. Eso permitiría que todos los agentes de la seguridad pública, incluidas Fuerzas Armadas, podían colaborar.
Sin embargo, esa propuesta no pasó. El segundo intento del Ejecutivo se dio con la enmienda para la consulta popular, que tampoco pasó el filtro de la Corte Constitucional. Ese organismo señaló, entre otras cosas, que la propuesta del Ejecutivo no aclaraba la excepcionalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas.
También señaló que, para dar paso a la intervención, era necesario que la Policía lo solicité. Eso significaba que quien lo decidía, en última instancia, era el Presidente, al ser su máxima autoridad.
La idea movilizadora
Toda consulta popular tiene una pregunta que apela al sentimiento del electorado. Por eso, las campañas de los referéndums se centran en el todo sí o todo no.
Jiménez dice estar consciente de que lo relacionado con las Fuerzas Armadas es un tema importante para la ciudadanía.
“Tenemos la obligación de acatar esa resolución (la de la CC) y en función de eso rediseñar un poco el escenario para que la consulta mantenga su organicidad y sentido”. Añadió que tienen que buscar la manera de completar esos objetivos y la vía es combinando la reforma legal con el Referéndum.
González explicó ue una vez que la CC se pronuncie sobre los considerandos y el texto normativo de las seis preguntas ya aprobadas en primera instancia, el Ejecutivo deberá enviar el Decreto con la convocatoria al Referéndum.
Al incluir tres preguntas que no involucran cambios a la Carta Magna, la CC se pronunciará sobre la constitucionalidad de estas. En ese momento puede observar si la reforma que planteará el Gobierno para viabilizar la participación de las Fuerzas Armadas es viable. Es decir, no todo está dicho.
Fuente: El Comercio