En el marco del Día Mundial del Agua, el presidente Guillermo Lasso visitó el Parque Nacional Cotopaxi e hizo el anuncio del inicio del proceso de diálogo junto con las comunidades para elaborar la nueva Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en atención al dictamen de la Corte Constitucional (CC) que dispuso que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto en un plazo de doce meses.
“Este Gobierno respetará la Constitución, no permitirá la privatización del agua”, afirmó Lasso durante el evento Encuentro Nacional por el Agua, que se desarrolló en el marco del Día Mundial de este recurso natural.
El Gobierno ha enfatizado en que la propuesta de Ley de Recursos Hídricos apunta a mejorar la calidad del agua para consumo humano, simplificar trámites para su uso y disminuir su contaminación.
El pasado 12 de enero, mediante sentencia, la Corte Constitucional dispuso al presidente elaborar un nuevo proyecto de ley de recursos hídricos que deberá ser enviado a la Asamblea Nacional para su trámite.
Este martes se inició el proceso participativo para su elaboración, bajo el liderazgo del mandatario y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y que marca diferencia con la normativa anterior: “¡Es inadmisible que la ley vigente se haya hecho sin consultar a todos los actores involucrados, como lo ha señalado la Corte!”, apuntó Lasso.
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Por ello, el proyecto que elaborará el Gobierno contemplará el cuidado de este recurso y la participación como los principales pilares: “Nuestra propuesta reconoce la necesidad de conservar el agua y también legitima el mandato constitucional de no privatizarla (…). ¡Basta de rumores y noticias falsas, que ya sabemos de dónde vienen!”.
El viceministro del Agua, Óscar Rojas, explicó que, para garantizar que el nuevo proyecto de ley no tenga los vacíos de participación social, se han planteado cuatro principios fundamentales: corresponsabilidad, representatividad, gobernabilidad y la garantía de derechos.
Detalló que el plan El Encuentro por el Agua se desarrollará en tres etapas. La primera será preparatoria, a través de la cual se levantará información, se establecerán las alianzas estratégicas y se convocará a todos los colectivos ciudadanos y actores sociales e institucionales vinculados. Un segundo momento consiste en la construcción participativa con talleres en 38 unidades a escala nacional, donde todos los usuarios, asociaciones y organizaciones sociales pueden aportar. Y una tercera etapa de sistematización, redacción y socialización del documento final que se entregará a la Asamblea Nacional en diciembre.
El Gobierno sostiene que “la construcción participativa de la propuesta de ley garantizará los derechos colectivos de los grupos sociales (comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas) y se alineará a fomentar el desarrollo económico y productivo que garantice la seguridad hídrica de los ecuatorianos a través de una articulación pública, privada y comunitaria en la gestión de los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados en el marco de la transición ecológica”..
Por su parte, Lasso añadió que “el agua es de los ecuatorianos, por lo que todos deben beneficiarse de este recurso que sirve para el desarrollo, la producción del campo y generar riqueza nacional” y que “el Gobierno no solo se preocupa por el agua de riego, sino que también está empeñado en crear sistemas de agua potable, necesaria para la salud de los ecuatorianos y uno de los elementos más valiosos para combatir la desnutrición crónica infantil”.
Para estas acciones, Lasso informó que se impulsa y apoya a los municipios para que aseguren su adecuada producción y distribución. Hasta finales del 2022, el BDE otorgará a los municipios créditos por $ 290 millones, para obras de agua potable y saneamiento, que beneficiarán a 2,6 millones de ecuatorianos”.
Acciones que se suman a lo detallado por el ministro Manrique, quien informó que se han viabilizado 71 proyectos de riego y drenaje por un monto de $ 42 millones, en beneficio de 350.000 familias a escala nacional; se han incrementado cinco nuevas áreas de protección hídrica en Pichincha, Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi; y se han gestionado 58.000 trámites de agua de los 135.000 que estaban represados al inicio del Gobierno.
Además, Manrique anunció que este año se concederán los estudios de viabilidad del proyecto Puruanta, Pimampiro, Yahuarcocha, desatendido por 61 años; y que entregó 247 trámites que estuvieron represados por más de quince años.
“Para el Gobierno del Encuentro las acciones son más importantes que las palabras (…). El agua es un eje estratégico para el desarrollo del país. Trabajamos comprometidos en su protección, gestión y distribución. Es prioridad para esta administración”, afirmó el titular. (I)
Fuente: El Universo