El alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, pidió una tregua a los grupos armados que se mantienen en disputa en un municipio del departamento de Nariño, al suroeste del país, para que pueda establecerse un corredor humanitario ante el desplazamiento de más de cien familias en esa zona.
Estos combates en Samaniego, que desde hace una semana mantienen las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), causaron el desplazamiento forzado de 120 familias del corregimiento Cabildo de la Montaña.
Además, otras veredas del municipio, como El Palacio, El Desio, Betania, Andalucía y Buena Vista, están confinadas.
“Llamamos a estas dos agrupaciones armadas a que paren la violencia durante 36 horas para lograr ingresar ayuda humanitaria al territorio y adicionalmente crear un corredor que permita generar algún tipo de acuerdo humanitario“, dijo el alto comisionado para la Paz en entrevista con Blu Radio.
Rueda manifestó que espera una “repuesta positiva” de los más altos niveles de esas organizaciones armadas y que la población, en medio de las confrontaciones, “sea respetada”.
¿Qué ocurre?
Alrededor de 500 personas desplazadas se mantienen en el parque Sol Andino, en ese municipio. Hasta allí llegaron también 1.000 campesinos, procedentes de seis veredas, que le exigen ayuda a las autoridades, recoge El Tiempo.
En un video, el senador Robert Daza, quien se encuentra en la zona, pidió a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Educación y a otras entidades que “se hagan presentes y atiendan la emergencia“.
Denunció que tanto los caminos como las carreteras están siendo minados y recordó que el Estado colombiano está en diálogo con los grupos armados para que paren la confrontación. “La única afectada, que sufre este combate, es la población campesina”, expresó.
Del mismo modo, el alcalde de Samaniego, Oscar Pantoja, le pidió acompañamiento al gobierno “para buscar rutas para que la población pueda retornar a sus hogares“, según W Radio.
En un comunicado, las Autoridades Indígenas de Colombia (AIC) denunciaron el desplazamiento y solicitaron a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas (UARIV) que atienda a las familias.
Asimismo, hicieron una solicitud de ayuda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que respondió a través de la red social X (antes llamada Twitter), que dos unidades móviles de protección —compuestas por nutricionistas, sociólogos y trabajadores sociales— fueron desplegadas “para atender a la población que resultó desplazada debido a los enfrentamientos entre grupos armados”.
Finalmente, le pidieron al sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que haga seguimiento de los hechos violentos.